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Ricardo Raphael

Conjurar la presidencia imperial

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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04 de febrero de 2013

Los llamados órganos autónomos del Estado mexicano no nacieron por la dádiva graciosa que el gobierno otorgó a sus ciudadanos, sino como el resultado de una batalla librada a contracorriente de los poderes públicos.

El IFE, la CNDH, el IFAI o el Banco de México, entre tantos otros, fueron propuestas originadas en la sociedad, demandadas por la ciudadanía y ganadas a pulso, a pesar de los pálpitos autoritarios que, en cada caso, hubieron de enfrentarse, burlarse y trascender.

No es al PRI de Ernesto Zedillo a quien debe agradecerse por la reforma electoral de 1996 que consolidó al IFE como la instancia que hoy conocemos. Tampoco podría admitirse que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea obra exclusiva del gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari, o que el Instituto Federal de Acceso a la Información se deba al talante democratizador de Vicente Fox.

El argumento merece relevancia hoy cuando a uno que otro analista sin memoria le ha dado por decir que, con el regreso del PRI a la Presidencia, los logros de la transición democrática están en riesgo.

Detrás de esta interpretación de los hechos late una razonamiento peligroso. Se presupone que la democracia mexicana es virtud obtenida por la benevolencia del monarca en turno y no por el esfuerzo de una sociedad exigente que, a partir de energías grandes, ha podido arrebatarle al poder arbitrario tramos enteros de su privilegio anterior.

El IFE autónomo y ciudadanizado fue idea sembrada después de las elecciones de 1988, cuando la ilegitimidad electoral llegó a su cúspide. Se propuso desde la derecha, con Manuel J. Clouthier, y también desde la izquierda, a partir de voces como la de Carlos Pereyra o José Woldenberg. Entre aquel momento y la reforma definitiva, pasaron ocho años de tensiones, negociaciones, revires y finalmente logros. Zedillo jugó un papel relevante porque, frente a lo robusto de la demanda ciudadana, terminó cediendo. Es decir que no vetó aquella iniciativa y por ello se le debe reconocimiento, pero no todo el mérito.

En el caso de la CNDH es injusto menospreciar la labor tenaz de una amplia red de defensores de los derechos humanos que, como Jorge Carpizo o Sergio Aguayo, se empeñaron hasta que obtuvieron la creación de tal instancia, primero dentro de la Secretaría de Gobernación y, a la postre, consiguieron para ella autonomía política.

La suerte del IFAI responde a un patrón similar: una red ciudadana —el grupo Oaxaca— donde activistas como Juan Pablo Guerrero, Miguel Carbonell o Ernesto Villanueva, construyeron un contexto de exigencia que terminó convenciendo al gobierno de Fox para que no obstaculizara la iniciativa; la cual, por cierto, en su arranque fue limitada y por tanto ha sufrido en la última década más de una reforma.

¿Por qué si el motor de las transformaciones no fue el poder, ahora se espera que la defensa de los logros democráticos provenga de éste? En su origen, como en su consolidación, la principal responsabilidad de que tales instituciones crezcan en toda su estatura sigue radicada en el lado de la demanda y no en el de la oferta. En esta historia política nuestra, una y otra vez ha quedado demostrado que la oferta termina cediendo ante la presión de la demanda y no a la inversa.

Por este razonamiento me sumo a la voz que recientemente lanzó Miguel Carbonell en estas páginas, cuando conminó a los comisionados del IFAI para que colocasen por encima de todas sus preocupaciones la defensa de esa institución. Lo mismo habría que señalarle a los consejeros del IFE y a quienes tienen a su cargo la CNDH, el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia o la Auditoria Superior de la Federación.

Si estos funcionarios del Estado mexicano no saben construir un alto muro frente a las presiones que seguirán ejerciéndose desde tantas y tantas trincheras, el actual monarca, o los que vendrán después, terminarán imponiendo su agenda sobre la del resto de los mexicanos. Conjurar las pulsiones autoritarias es hoy tarea definitiva de una sociedad que se quiera vigilante y también de quienes, dentro de las instituciones, asuman a plenitud el mandato que la Constitución y las leyes les han entregado.

Este no es momento para que la República dé un solo paso atrás; si los temores sobre el regreso de una presidencia imperial merodean los ánimos, es con más y no menos activismo de la sociedad que éstos habrán de ser combatidos.

 

Analista político



Editorial EL UNIVERSAL Un México más científico


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