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Julio Hernández Barros

Ley General de Víctimas, una cuestión de palabra

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10 de enero de 2013

Como integrante del equipo redactor de la Ley General de Víctimas e impulsor de su publicación, no tengo más que reconocer y saludar con gusto el hecho de su publicación, que sin duda redundará el goce de muchos derechos para las víctimas y una posición más ventajosa de ésta en la balanza judicial. 

Ante este sombrío panorama el propio día de la toma de protesta el Presidente Enrique Peña Nieto, se comprometió a desistirse de la controversia constitucional y ordenar la publicación de la Ley General de Víctimas, cuestión que hoy se vio materializada y la cereza del pastel fue la solemne ceremonia que se llevó a cabo en la Residencia Oficial de los Pinos, en donde frente a senadores, diputados, académicos, servidores públicos, defensores de derechos humanos e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en donde se presentó oficialmente la publicación de la Ley.

Aunque reconozco que la publicación del documento no es mas que un primer paso es importante destacar que conforme a esta disposición legislativa, todas las víctimas deben de ser atendidas: las víctimas de la delincuencia habitual, del crimen organizado, de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo todos los que han sufrido desde los delitos más bajos hasta los actos de violación de los derechos humanos más graves que puede haber. Desde luego el acceso a los distintos sistemas que la propia iniciativa prevé irá variando dependiendo de qué calidad de víctima tengas o qué tan profundo fueron dañados tus derechos humanos o tus derechos en general por el delito o por las violaciones de derechos humanos, imperando siempre un criterio de proporcionalidad.

Esta Ley que establece y coordina los mecanismos y componentes necesarios para explicar, promover, difundir, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, vinculando a todas las autoridades en el ámbito de sus distintas competencias para que cumplan con sus obligaciones en este trascendental tema.

La Ley General de Víctimas, reglamenta el tercer párrafo del artículo primero, el artículo 17 y el apartado C) del artículo 20, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo a través de este instrumento que se pretende enfrentar de manera global la problemática que enfrentan las víctimas en nuestro país, y al ser un Ley General tiene obligatoriedad tanto para la federación como para los estados y municipios.

A través de esta ley, se procura garantizar que las víctimas no sólo de delito sino también de la violación de derechos humanos, sean respetadas en su esfera de derechos tanto reconocidos por la Constitución, como por la normatividad internacional en la materia.

La ley General de Víctimas establece los derechos de las víctimas que reclaman ayuda, asistencia y atención, abarca también al derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral y establece las medidas de ayuda inmediatas y humanitarias en el orden de la salud, alojamiento y alimentación, así como en materia funeraria y de transporte, determina las medidas de protección y asesoría jurídica y hace énfasis en las víctimas que tienen una especial condición de vulnerabilidad.

Con esto, el estado garantiza el restablecimiento en el ejercicio pleno de los derechos de la víctima, y que promueva la superación de esa condición, a través de medidas de salud, educación, economía y desarrollo, además de las que traten de la procuración y administración de justicia.

El término de reparación integral a través de medidas individuales y colectivas se incorpora a la Ley como la vía a través de la cual la víctima encuentra satisfacción a sus requerimientos de justicia que permitan alcanzar una vida digna.

La Ley establece un sinnúmero de derechos para las víctimas que tendrán que ser respetados por el Estado en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal y sus tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Estos son los principales derechos de lo que gozarán: Derecho a ser tratados con humanidad y respeto de su dignidad por parte de los servidores públicos; derecho a solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado, desde la comisión misma del hecho victimizante; derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral; derecho a la protección del Estado; derecho a conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga interés; derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido; derecho a recibir atención médica y psicológica; a acceder a los mecanismos de justicia disponibles; a una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de los responsables del daño, con la consiguiente reparación del mismo; derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses; derecho a un asesor jurídico o abogado victimal que la acompañe en todos los procedimientos hasta su total solución y la reparación integral del daño.

Se destaca pues, que esta obra legislativa, se crea la figura del Asesor Jurídico de las Víctimas dependiente del propio Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Víctimas que en forma gratuita asistirá y asesorará a la víctima, representándola de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para garantizar la debida defensa de sus derechos.

Se crea también el Sistema Nacional de Víctimas, ésta es la máxima institución en materia de atención a víctimas en el país, y todas las demás instituciones de la materia, a nivel municipal, estatal, o federal como es el caso de la Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA), estarán subordinadas a este sistema, que tiene por objeto establecer, regular y supervisar las directrices, planes, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas.

El Sistema está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales y municipales, organismos autónomos y organizaciones públicas o privadas encargadas de la atención a las víctimas, entre las que se destaca el Poder Ejecutivo prácticamente con todas sus secretarías el DIF, el INEGI, etc. El Poder Legislativo con la totalidad de los diputados locales y federales y con los senadores; el Poder Judicial local y federal con la totalidad de sus jueces y magistrados además de sus Consejos de la Judicatura, además de organismos públicos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las correspondientes de los Estados, la UNAM, las Universidades púbicas estatales, las ONGs especializadas en la materia, los representantes de los grupos de víctimas, los académicos, etc. Como pueden ver la estructura es amplísima y su coordinación será una ardua labor, aunque lo amplio del sistema sea paradójicamente un obstáculo en su aplicabilidad, por lo que este deberá de reducirse próximamente según mi opinión.

A efecto de operar y coordinar todo este sistema, y garantizar el efectivo acceso de las víctimas a los derechos y servicios a los que obliga la Ley, se crea la Comisión Ejecutiva del Sistema, que será además la encargada de administrar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y el Registro Nacional de Víctimas.

Esta Comisión Ejecutiva, estará integrada por nueve comisionados electos por el voto de la Cámara de Senadores, a propuesta del Ejecutivo Federal, al que le serán propuestos por la Universidades Públicas, los grupos de víctimas y las ONGs.

Este órgano gozará de autonomía tanto financiera como estructural de manera que podrá garantizar transparencia e imparcialidad, se espera que los Consejeros tengan un nivel escalafonario similar al de un Secretario de Estado, mientras que el Consejero Presidente lo tenga similar al del Presidente de la República.

A través del Registro Nacional de Víctimas, se procura que todas las víctimas tengan acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, atención y reparación integral previstas en la ley.

La solvencia de todas las operaciones de ayuda, atención y reparación integral, así como las garantías de no repetición, estarán a cargo del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, quien será el encargado de brindar los recursos necesarios.

Además del presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del de cada uno de los estados, el fondo obtendrá sus recursos de la enajenación de los bienes decomisados en los procesos penales, de las garantías que se hagan efectivas cuando algún procesado incumpla las obligaciones que le fijó la autoridad, de las multas y sanciones pecuniarias que se impongan a los que violen la Ley General que comentamos, de las donaciones o aportaciones hechas por terceros, ya sean gobiernos, organizaciones internacionales, particulares o sociedades, de los programas como los de "redondeo", aportaciones en cajeros automáticos, etc.

Es pues, el reconocimiento del Estado mexicano, que le devienen obligaciones directas para la atención a las víctimas tanto del delito como de la violación a los derechos humanos, que no sólo permitan la ayuda, atención y reparación integral a la víctima, sino que además garanticen la no repetición de los actos victimizantes, y en general evitar la criminalización y revictimización de los afectados. Los actos de memoria y conmemoración son un derecho también de las víctimas.

El compromiso cumplido el día de hoy abre el camino para la adecuada atención de quienes más han sufrido los embates de la delincuencia y del Estado, el camino es todavía largo pero que ha dado un paso contundente.

 

[1] Catedrático de Derecho Penal del INACIPE, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Panamericana, de la Universidad Emory en Atlanta y de la Universidad Nacional Autónoma de México; Especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca España; maestro y doctor en Derecho por el Centro de Estudios en Posgrado en Derecho; Ganador de la Medalla al Mérito Universitario, miembro de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y coautor del libro "La Violencia Intrafamiliar en la Legislación Mexicana", que publica la editorial Porrúa. Integrante del Comité Redactor del Proyecto de Ley General de Víctimas por encargo del Ejecutivo Federal.



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