aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Alfonso Zárate

Reforma educativa y SNTE

Alfonso Zárate Flores, director general de Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C. (GCI), es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho ...

Más de Alfonso Zárate



ARTÍCULOS ANTERIORES


Ver todos sus artículos
10 de enero de 2013

En los últimos años se han multiplicado los análisis sobre el estado lastimoso del sistema educativo. Algunos investigadores, los menos, subrayan el carácter multifactorial de este fenómeno: la responsabilidad del poder público y la autoridad educativa, de los padres y tutores, de los medios de comunicación… así como los impactos del contexto socio-cultural, pero otros ofrecen una línea de interpretación que fija la responsabilidad casi única en una organización sindical y, en el extremo, en su dirigente. De ahí que, cuando el sindicato magisterial hizo pública su postura frente a la iniciativa del Ejecutivo para reformar el artículo 3° de la Constitución, la lectura prevaleciente haya reiterado ese diagnóstico fragmentario de la “catástrofe silenciosa” cultivada en las últimas cuatro décadas: “El SNTE está en contra de la reforma educativa”, dicen unos, mientras otros advierten que la movilización anunciada por la organización (cívica, pacífica, apegada a la ley) equivale a una guerra política.

La educación pública —su calidad, su pertinencia, su condición de ingrediente esencial para la equidad y la democracia— no fue una prioridad de los gobiernos mexicanos de la posrevolución ni de los de la primera alternancia. Fueron muy pocos los titulares de la SEP que en más de 100 años tuvieron la lucidez y el patriotismo para hacer de la educación el instrumento mayor para un desarrollo con justicia.

La Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita entre la autoridad educativa y el SNTE en 2008, fue una iniciativa de gran aliento para sacudir al sistema educativo, que incluía un cambio sustantivo en los mecanismos de ingreso y promoción tanto del personal docente como de directores, supervisores y autoridades educativas, la formación permanente de los maestros, el equipamiento y rehabilitación de los centros escolares, así como la atención ineludible a rubros como alimentación y salud de niños y jóvenes, factores que inciden en el aprovechamiento en las aulas. Sin embargo, la ACE enfrentó la resistencia no sólo de sectores conservadores del propio sindicato —sobre todo la CNTE— que buscaban defender viejos privilegios, sino del alto funcionariado de la SEP, beneficiario de esas condiciones.

Los órganos dirigentes han sido interlocutores incómodos, seguramente, pero dispuestos a contribuir a la resolución de los desafíos mayores del sistema educativo. Suele olvidarse, por ejemplo, que fue el sindicato quien propuso dotar de autonomía plena al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Resulta natural, en consecuencia, que ante la iniciativa de reforma constitucional fijara esta postura: “Decimos SÍ a la calidad y excelencia de la educación, y SÍ a un cambio estructural que destierre la inequidad educativa y la desigualdad social, que reduzca la brecha científica y tecnológica con otras naciones, que cree condiciones para un crecimiento económico con justicia, bienestar y oportunidades iguales para todos los mexicanos, que haga de la educación la garantía genuina de un mejor futuro personal, familiar y comunitario para todos los mexicanos”.

En un punto, sin embargo, el sindicato expresaba un cuestionamiento: “Con relación a la reforma particular sobre el servicio profesional y la permanencia de los maestros en el servicio docente, acordamos expresar de manera transparente que el SNTE no puede respaldar una medida que amenaza la estabilidad laboral y que genera incertidumbre en el empleo”. El tema a discusión está en una sola palabra: “permanencia”. ¿Qué tiene de extraño que un organismo sindical asuma la defensa de los derechos laborales de sus agremiados? Lo que no implica solapar incompetencias ni preservar canonjías gremialistas al amparo de la inercia escalafonaria. Para enfrentar desviaciones graves —corrupción, nepotismo...— existen mecanismos administrativos.

Las evidentes deficiencias en la formación de los maestros se explican por la fragilidad del sistema de normales y las insuficiencias —sumadas a la simulación— de los programas de actualización.

Los exámenes de evaluación al magisterio deben servir para identificar vulnerabilidades y, sobre todo, para desplegar iniciativas que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los maestros mexicanos, una inmensa mayoría, no pretenden eludir las consecuencias de una evaluación seria, rigurosa e imparcial. Pero están convencidos de que una reforma a fondo, que impulse la profesionalización y eleve la calidad, no podrá arrojar resultados duraderos si el único estímulo para aspirar a la “excelencia” es la preservación de la plaza.

 

@alfonsozarate
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario



ARTÍCULO ANTERIOR Reforma educativa y SNTE
Editorial EL UNIVERSAL Relanzar la agenda común


PUBLICIDAD