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Editorial EL UNIVERSAL

Certeza total en detectores

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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31 de diciembre de 2012

En el marco de la Iniciativa Mérida, el gobierno estadounidense —a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos— dotará a la Secretaría de la Defensa Nacional de nuevos detectores de drogas, químicos y explosivos, en reemplazo del polémico dispositivo GT200. Para garantizar la seguridad de los mexicanos, el combate al crimen organizado es un medio crucial que, a su vez, requiere de tecnología de punta cuyo funcionamiento y efectividad estén completamente garantizados.

El fenómeno del narcotráfico trasciende fronteras y las alianzas entre los gobiernos son una labor clave para erradicarlo. Estados Unidos cuenta con recursos, tecnología y experiencia sumamente útiles para México, razón por la cual todo su apoyo debe ser aprovechado al máximo. Nuestras policías y agencias de seguridad pueden aprender mucho de las suyas y el equipo que han suministrado hasta ahora, como helicópteros, aviones o sistemas de telecomunicaciones, fortalece a las Fuerzas Armadas de este país; sin embargo, cualquier inversión debe contar con un sólido sustento científico.

La convocatoria que busca introducir un nuevo detector de drogas, químicos y explosivos a México deberá estar libre de la polémica que rodeó al GT200, también conocido como “ouija del diablo”, cuya efectividad fue cuestionada por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México o la Academia Mexicana de Ciencias. Cabe recordar, asimismo, que el fabricante de la “ouija del diablo” enfrenta un juicio penal en Inglaterra por la fabricación y distribución del artefacto.

Todo lo anterior implica menor efectividad en la lucha contra el crimen, pues al utilizar tecnología rodeada por tantas dudas no existe total seguridad sobre la inocencia o la culpabilidad de los detenidos en casos en que se utilizó el GT200. Hace unos meses, por ejemplo, la PGR promovió un juicio de apelación contra la decisión de un juez de distrito, quien rechazó como prueba científica los resultados del detector molecular para demostrar la posesión de cocaína. El caso es una muestra de cómo la falta de certeza de un equipo puede entorpecer la procuración de justicia o, por otro lado, llevar a prisión a una persona inocente.

Está en juego la seguridad de los mexicanos, pero también el respeto de los derechos humanos en este país. Contra ello la mejor herramienta para el Estado es la garantía de que se trabaja con tecnología cuyo funcionamiento está totalmente probado.



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