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Ricardo Raphael

El diablo está en los detalles

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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17 de diciembre de 2012

Este martes se tiene previsto votar una reforma constitucional al artículo 3º para concretar los contenidos establecidos en el Pacto por México en materia educativa. La iniciativa que envió Enrique Peña Nieto al Congreso, avalada por los dirigentes de los tres principales partidos incluye, en líneas generales, la creación de un Sistema Profesional Docente, otorgar autonomía al INEE e instruir al INEGI para que realice un inventario pormenorizado de escuelas, maestros e infraestructura educativa.

Sin embargo, un tema central quedó fuera: colocar como derecho fundamental la calidad de la educación, entendida como la mejora constante del logro académico de las y los estudiantes. Si en el Congreso no se corrige esta falla, la tan anunciada reforma será vulnerable.

De acuerdo con el discurso pronunciado por el Presidente, las decisiones de su gobierno tendrán en el corazón el ejercicio pleno de los derechos; justo por ello llama la atención que no se haya buscado ampliar el derecho a la educación colocando a la calidad de los conocimientos como propósito.

¿De qué servirá darle autonomía a un órgano como el INEE o crear un sistema profesionalizante para la carrera de los docentes si ambas propuestas no se vinculan, desde la Constitución, con la mejora constante y eficaz del aprendizaje que se obtiene en las aulas?

Con el objetivo de no extraviar la ruta, el jueves pasado se presentó en el Senado una iniciativa que incorpora el derecho a la calidad educativa dentro del debate congresional. Este texto, originalmente planteado por la Coalición Ciudadana por la Educación y suscrito, entre otros senadores, por Mario Delgado, Armando Ríos Piter, Javier Corral y Juan Carlos Romero Hicks, quiere encausar la intención del Pacto por México de tal manera que tanto el Servicio Profesional Docente como el Sistema Nacional de Evaluación tengan, al final, una misma justificación. De lo contrario, las buenas intenciones podrían naufragar más pronto que tarde.

Si de lo que se trata es de mejorar las condiciones y la eficacia de los recursos que determinan el aprendizaje, toda reforma o política pública vinculada con la educación deberá responder, no sólo para garantizar la cobertura sino también la calidad de los conocimientos adquiridos.

A partir de esta lógica, el Sistema Profesional Docente, entendido como aquel que pretende normar el ingreso, la permanencia, el avance, los estímulos y el retiro digno de los profesores, habría de estar estrechamente vinculado con un derecho que es fundamentalmente de los alumnos: obtener buena educación. De lo contrario, será luego difícil, cuando se celebre la reforma a la Ley General de Educación, ligar la profesionalización docente con la calidad educativa.

Por otra parte, no debe suponerse que al otorgar autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) se resuelve toda la ecuación. Para funcionar correctamente este instituto necesita recibir una misión puntual. Así como el Banco de México tiene como objetivo mantener bajos los niveles de inflación o el IFE, hacer que los votos cuenten y se cuenten, la justificación central del INEE debe ser evaluar para promover una mejora constante del logro académico.

Este instituto tendría también que ser el órgano responsable de articular al Sistema Nacional de Evaluación, el cual debe ofrecer indicadores sobre el desempeño docente, infraestructura escolar, presupuesto, rol de las autoridades administrativas, eficiencia de los planes de estudio, papel de los consejos de participación y las demás variables que afectan, justamente, sobre el logro académico de los estudiantes. En los hechos, este sistema es aún más relevante que la instancia que lo articularía, ya que en su seno, además de las autoridades, deben ser incluidos los docentes, los alumnos, los padres de familia y las organizaciones de la sociedad.

En resumen, los dos sistemas planteados, el de profesionalización docente y el nacional de evaluación, no han de concebirse como piezas aisladas, sino como instrumentos eficaces de un mismo propósito derivado de una misma garantía constitucional: la mejora constante de la calidad educativa, la cual se traduce en el avance permanente que los alumnos tengan con respecto a su desempeño escolar. Tenemos una estupenda oportunidad para hacer las cosas bien; no la desperdiciemos.

Analista político



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