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Editorial EL UNIVERSAL

Prisiones y seguridad

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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17 de diciembre de 2012

Las deficiencias en las cárceles de México no son nuevas. Desde hace años se sabe que existe sobrepoblación en muchas de ellas. El tráfico de drogas y otros actos ilícitos también han sido señalados con anterioridad por organismos nacionales e internacionales, entre ellos la ONU. Los reclusorios son uno de los eslabones más débiles en la cadena de la seguridad en este país, pues, salvo excepciones, no logran reinsertar en la sociedad a los individuos recluidos, sino que, por el contrario, aportan al delito al constituirse enclaves del crimen y vulnerar la percepción de que México es un Estado de derecho dadas las violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro.

El fenómeno cuenta con muy distintas vertientes, la más significativa, por su magnitud, es el hacinamiento que aqueja a los centros penitenciarios. Como da cuenta EL UNIVERSAL, tan sólo los reclusorios del DF operan a 325% de su capacidad; centros que tienen instalaciones para 4 mil internos albergan a más de 13 mil. Frente a estas cifras no puede esperarse que las cárceles operen con mínimos niveles de seguridad, y los motines son una preocupante posibilidad día con día. Tan sólo en 2011 ocurrieron siete fugas masivas en todo el país.

Las condiciones de los centros de readaptación social también dejan mucho qué desear. Un video en poder de este diario da cuenta de las insalubres condiciones de baños, celdas y corredores en penales de la capital. Si bien los reos cumplen una pena en pago de delitos que cometieron, esta condena debe tener en consideración el respeto a sus garantías y a los derechos humanos, sin importar que se trate de delincuentes, toda persona merece condiciones de vida dignas y en las cárceles mexicanas ello no ocurre. Además, este ambiente no contribuye a una readaptación, sino que la impide, pues fomenta mayor ilegalidad.

De la misma forma en que debe garantizarse el respeto a sus derechos, los tres niveles de gobierno deben cumplir con sus responsabilidades. El que los propios custodios sean quienes suministren la droga a los recluros no hace sino perjudicar al sistema penitenciario mexicano y, en consecuencia, a la seguridad de todo el país.

Mucho está en juego: desde la seguridad cotidiana de los ciudadanos hasta parte del éxito en el combate al crimen organizado, pasando por el establecimiento de un sólido Estado de derecho, dependen, en buena medida, de la óptima operación de las cárceles. Deben dejar de ser fortalezas de criminales, escuelas de delincuentes y lugares en los que no se respetan las garantías invididiales. Un país de primer mundo cuenta, también, con centros penitenciarios que readaptan a los criminales y garantizan la seguridad de los ciudadanos.



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