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Porfirio Muñoz Ledo

Consenso por la ciudad

Ex embajador de México ante la Unión Europea. Su trayectoria política es amplia y reconocida: fue fundador y presidente del PRD, senador, di ...

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13 de noviembre de 2012

Hace unos días en la ceremonia convocada por el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno electo, pareció conformarse una coincidencia de voluntades sobre el futuro de la ciudad de México. Los coordinadores de los grupos parlamentarios de las principales fuerzas políticas en el Senado y el propio rector de la Universidad —anfitrión del encuentro— convergieron en la necesidad de una profunda reforma política en la capital.

Fue reconocido que la evolución institucional de la ciudad es reflejo tanto de las aspiraciones manifiestas de autodeterminación de los ciudadanos como de los nuevos equilibrios políticos derivados de la transición. Las reformas de 1987 —posteriores al sismo que conmovió a la metrópoli— y de 1996, paralelas a la reforma electoral que instauró el pluralismo, fueron avances sustantivos, pero a ese marco jurídico le hace falta articularse y desarrollarse en torno a una constitución.

Desde el año 2000 la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado había propuesto impulsar una constitución política para la ciudad. Habíamos reflexionado que la ausencia de dicho texto era una suerte de eslabón jurídico perdido. No tiene sentido que, según la fórmula legal, los funcionarios protesten “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”, cuando se carece de aquélla. Nadie podría afirmar en sana lógica que las leyes del Distrito Federal “emanan” directamente de la Constitución federal. A todas luces les hace falta una carta propia que establezca lineamientos generales y un ámbito jurídico de acción.

Esta constitución, como todas de las que disponen los demás estados, consolidaría la autonomía de la ciudad, establecería además su calidad de albergue de los Poderes de la Unión y por ende capital de la república. Reconocería la plenitud de derechos políticos para sus habitantes y contendría una carta de derechos y prerrogativas para la ciudad.

Consideramos entonces la definición de nuevas demarcaciones territoriales y nos inclinamos por la remunicipalización del DF, con órganos colegiados de gobierno encabezados por un alcalde. Hacíamos así honor a los principios de proximidad y de subsidiaridad, acercando la autoridad a la gente y evitando la injerencia de otros órdenes de gobierno donde el poder local tiene capacidad para actuar. Recomendamos al respecto la multiplicación de mecanismos de participación ciudadana que permitiesen la inserción de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas.

En 2001 se presentó un proyecto de reformas a la Constitución federal que hiciera posible la plena autonomía de la ciudad: éste fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Legislativa y por una abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados; no obstante, fue frenado en la Cámara de Senadores. En 2007 la Comisión Ejecutiva para la Negociación de Acuerdos (Cenca) presentó un nuevo proyecto de reforma al artículo 122 constitucional que nunca fue dictaminado. Ello condujo a que la Asamblea Legislativa elaborara y aprobara unánimemente otra iniciativa de reforma en sentido semejante, al que se añadió un “estatuto de capitalidad” para regular las relaciones entre los poderes federales y los de la ciudad.

Las coincidencias entre los proyectos presentados durante una década son notables. Se trata, sin lugar a dudas, de un proceso histórico continuo que ha sido represado en varias ocasiones, tanto por razones circunstanciales como por reservas atávicas. De ahí el significado que puede revestir la aceptación en principio por parte de los actores políticos de una reforma de esta envergadura.

Si miramos de cerca el estado de procesamiento en que se encuentran otras modificaciones planteadas en la agenda pendiente de las reformas —tales como la conformación de un nuevo régimen político, el cambio de las instituciones electorales o la democratización de los medios de información—, el advenimiento de una constitución para la ciudad de México reúne mucho mayor consenso político y social. Es la oportunidad para detonar cambios que revitalicen una transición estancada.

 

Político



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