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Ricardo Rapahel

Contra la seguridad fragmentada

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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05 de noviembre de 2012

Insisten neciamente con que no hay una estrategia alternativa para combatir al crimen organizado. Y sin embargo desde todos los frentes se responde a la administración saliente que el equívoco ha sido mucho; la voluntad para otorgarle seguridad al país no vino aparejada de soluciones eficaces. La experiencia violenta obliga a revisar y previsiblemente a modificar el rumbo. No se trata, como algunos malintencionados quieren suponer, de regresar al pasado y pactar con los mafiosos, (sería absurdamente imposible), sino de revisar la experiencia fracasada y los éxitos, que también los hubo, para redefinir la futura ruta del Estado.

La política en materia de seguridad padece del mismo mal que la gran mayoría de las políticas mexicanas: sufre del agudo síntoma de la fragmentación. Cada órgano, cada norma, cada recurso, cada visión sobrevive en una isla que no cuenta con puentes para conectarse hacia el conjunto.

Sirva como rápido ejemplo la relación que, desde el Ejecutivo, sostuvieron las distintas dependencias dedicadas a la seguridad: la PGR peleada con la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército desconfiado del papel desempeñado por las fuerzas civiles y la Marina, a su vez, divorciada de la responsabilidad encargada a la Sedena. A este archipiélago de egos y susceptibilidades se sumó el prejuicio de las autoridades estadounidenses que, de su lado, trabajaron estos seis años con la convicción de que más de un tramo del Estado mexicano había sido penetrado por los intereses criminales.

En esta hebra de reflexiones no sorprende que la primera propuesta de Enrique Peña Nieto a la hora de reformular la política sea otorgarle mayor coherencia y coordinación a las tareas que, desde el Ejecutivo, habrán de desplegarse en materia de seguridad. A este respecto no tiene desperdicio el discurso del presidente electo y su equipo de transición, divulgado por este diario el sábado. La coherencia urgente implicaría mejorar la vinculación de las áreas responsables de la inteligencia (Cisen, Defensa, Marina, SSP, PGR) para que la información relacionada pueda ser leída en código comprehensivo por quien, en el mando más elevado, toma las decisiones.

Ciertamente se estaría pensando en imitar el modelo estadounidense, país donde la información proveniente de 17 diferentes agencias es sistematizada bajo un mismo mando e intención. Con ello se lograría configurar un atlas nacional para que las alarmas de fuego de la delincuencia se enciendan y la autoridad pueda anticiparse a la acción criminal.

Un tercer elemento, también considerado en el discurso, se relaciona con el, hasta hoy, menospreciado tema del lavado de dinero. Mientras los recursos económicos que alimentan a la delincuencia no sean confrontados, sin importar los poderosos intereses que con ello se afecten, la criminalidad ligada a la droga, el tráfico de armas, de migrantes o el contrabando de bienes permanecerá intocada.

Un cuarto asunto que no debe pasar desapercibido, a propósito del discurso recién estrenado por Peña, es el que se refiere a la política aduanal. Buena parte del contrabando referido cruza por los puntos fronterizos formales (garitas, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera); sin embargo éstos continúan siendo feudo aparte de la política de seguridad. Por una tradición que viene desde el siglo XIX las aduanas se conciben como propiedad de la SHCP, cuando hoy habrían de ser un territorio asegurado por los responsables de la política interior. Mientras Hacienda y Gobernación coexistan desarticuladas en su respectiva responsabilidad, las aduanas continuarán siendo isla impune y feliz para los criminales.

Un último punto, también destacable, es la propuesta de reformar al sistema penitenciario. Sabido es que los distintos cárteles logran afianzar su poder a partir del control que ostentan sobre las cárceles municipales y estatales. Mientras el Estado mexicano no recupere para sí el sistema de readaptación social, las prisiones seguirán siendo escuelas para reclutar y entrenar criminales.

Estos cinco elementos: desterrar la fragmentación, coordinar la inteligencia, reformar las aduanas, atacar el lavado de dinero y recuperar las prisiones hablan, en efecto, de una estrategia distinta en materia de seguridad. Abreven del aprendizaje y los fracasos previos. Son, ante todo, un buen palazo en contra de la necedad de aquellos que suponen que no hay otro destino que la embestida ciega del toro contra el redil.

 

Analista político



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