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Porfirio Muñoz Ledo

Diálogo de sordos

Ex embajador de México ante la Unión Europea. Su trayectoria política es amplia y reconocida: fue fundador y presidente del PRD, senador, di ...

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18 de octubre de 2012

La Constitución ordena en su artículo 26 que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, cultural y social de la nación. Define enseguida que los fines del proyecto nacional contenidos en la propia Carta determinarán los objetivos de dicha planeación.

Ese es el debate ausente en la coyuntura política del cambio de gobierno. Tampoco puede afirmarse que la campaña electoral y los debates entre los candidatos fueron pródigos en visiones ordenadas y claras de los proyectos que se confrontaban. El mandato político indicaría que el Ejecutivo próximo a entrar en funciones planteara a la discusión pública y por los medios legales previstos una agenda de gobierno que contuviera las grandes preocupaciones nacionales.

En vez de ello asistimos a una comedia de equivocaciones. A qué lógica obedece que el presidente saliente, valido de la iniciativa preferente recién adquirida, presente una iniciativa del calado de la reforma laboral —que es parte esencial de un proyecto de desarrollo— y sobre la cual ni su propio partido tiene consenso. Si fuese un favor pactado con el próximo gobierno no hubiese generado las incompatibilidades que lo tienen detenido y que amenazan regresar el proyecto a su cámara de origen. No estarían en conflicto dos versiones tan encontradas del mundo sindical.

Tendría mucho mayor sentido que el proceso legislativo naufragara, como ya ocurrió en la anterior legislatura, para dejar por entero a la próxima administración la responsabilidad de plantear su propio proyecto y confrontarlo con el que ya han presentado las izquierdas dentro de una discusión general sobre el modelo de crecimiento y de relaciones sociales al que México aspira; que no podría ser la falsa competencia con mano de obra barata y la violación sistémica de los derechos humanos de los trabajadores.

El asunto más grave de cuantos confrontamos: la seguridad pública y las oleadas de criminalidad que han asolado al país, mal podrían ser encarados en encerronas entre los equipos del entrante y del saliente gobierno. Ni menos en declaraciones fuera de contexto sobre la eventual despenalización de la droga que contravienen frontalmente las políticas llevadas a cabo por quien las emiten. Fuerza es que la próxima administración presente un diagnóstico estricto sobre el que pueda construirse una nueva política en la materia con el apoyo de los ciudadanos.

Tampoco hace lógica que los proyectos de inversión extranjera en la explotación de hidrocarburos —con hoteles flotantes e insinuaciones de reforma constitucional— se vayan regando en el extranjero sin que medie siquiera un genuino proyecto de transición energética presentado a los mexicanos. Con razón afirmó el propio economista en jefe del Banco Mundial que “una reforma energética como la planteada por el próximo gobierno debe contar con amplio consenso social”. Añadió que “en el debate sobre las modificaciones a la ley laboral también es necesario ampliar la discusión y que sea bastante franca”.

Reducir la reforma fiscal al incremento de las tasas al impuesto sobre el valor agregado —derrotado igualmente en legislaturas anteriores— resulta un despropósito cuando el país demanda una reforma hacendaria de enorme magnitud, a través de la cual se eliminen los privilegios y las evasiones consentidas, se desarrolle el principio de progresividad, se combata la corrupción por todos los medios y se libere a Pemex de la inmensa sangría que se le ha impuesto.

La oposición está, por su parte, obligada a plantear proyectos consistentes en las áreas ya mencionadas y a adelantar soluciones específicas para los temas imprescindibles de la agenda nacional, como la democratización de los medios, la reforma de las instituciones electorales, la transformación educativa y soluciones verdaderas para la gobernabilidad democrática del país. Sería un desperdicio irreparable que malgastásemos seis años cruciales en un diálogo de sordos.

 

Político



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