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Editorial EL UNIVERSAL

Inseguridad e impunidad

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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28 de septiembre de 2012

Los números son elocuentes: la inseguridad es un perverso impuesto que pagamos los mexicanos por el simple hecho de vivir en este territorio. Más del 1.38 por ciento del PIB se gastó el país durante 2011 en perjuicios ocasionados por delincuentes o en gasto de prevención de delitos. Son 211 mil millones de pesos bien habidos, que pudieron haber sido invertidos de otra forma, pero que pasaron inopinadamente a manos de asaltantes, extorsionadores y defraudadores, quienes gracias a la impunidad de nuestro sistema de justicia salen mayoritariamente bien librados de sus hechos. Esto debe revertirse.

Conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI tres de cada diez hogares fue víctima de un delito el año pasado. Aumentaron hasta en un 20% delitos como el robo a transeúnte, a casa-habitación, de automóviles, fraude y extorsión. Lo peor de todo es que casi el 90% de dichos actos no fue denunciado ante las autoridades, por la desconfianza de los ciudadanos ante la acción de la autoridad.

Es decir, la impunidad se consuma cuando el círculo vicioso de la ineficiencia (o complicidad) de las autoridades desanima a una población que siente que sólo pierde su tiempo al denunciar delitos que jamás serán investigados, lo que abarata a la delincuencia el riesgo de delinquir.

La encuesta del INEGI es nacional, lo que habla de un problema compartido por los tres órdenes de gobierno, con matices y honrosas excepciones, pero el de la inseguridad pública es un problema que no debe perderse de vista en las prioridades de la administración pública, a veces en apariencia más preocupada por los delitos de alto impacto y el narcotráfico.

Los delitos del fuero común son los que más pegan al ciudadano de “a pie”. Al que no está metido en cosas sucias; al que trabaja todos los días y ve cómo un grupo de malvivientes se lleva su quincena en el transporte público o el auto que está pagando con tanto sacrificio.

La impunidad que ampara este drama no sólo es generada por malas corporaciones policiacas, sino por un sistema de justicia en el que los mexicanos dejaron de creer hace ya tiempo.

Más que diagnósticos —el INEGI es una muestra de que se hacen— urge pasar a la acción, de manera radical y en todo el país. No podemos permitir que la inseguridad se perpetue.



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