Opinion

El diagnóstico del sistema penitenciario elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) durante 2011 en las 100 prisiones estatales y municipales más pobladas del país, y que fue presentado ayer, ofrece resultados alarmantes. De acuerdo con la investigación, 60% de los penales es autogobernado o cogobernado por los presos, muchos de quienes controlan los espacios, la seguridad al interior de las cárceles.

A los problemas de sobrepoblación, hacinamiento, falta de asistencia médica, e incluso casos de tortura, tenemos que agregar, en la gran mayoría de estos penales, la ausencia del Estado para garantizar que la actividad criminal deje de operar desde el interior de estas instalaciones. Bajo estas condiciones las posibilidades de reinserción social son prácticamente imposibles.

Una estrategia que pretende golpear la actividad criminal del país, pero que no atiende integral y adecuadamente este eslabón de la cadena, está destinada al fracaso. De nada sirve efectuar detenciones —y publicitarlas como si eso fuera motivo de desmovilizacion del delincuente— si los reos terminan en sitios en los que tienen todo el potencial y las posibilidades de mantener sus actividades criminales. En el esquema actual, una gran parte de las prisiones se convierte en los nuevos centros de operación delincuencial, lo que sólo traslada la ubicación desde la que se delinque. Ello reduce notablemente los resultados que pudieran haberse obtenido en la lucha contra el crimen y nos estamos engañando sobre la efectividad de la lucha en contra de la delincuencia y el crimen organizado en el país.

Lo más grave es que cuando se trata de la crisis del sistema penitenciario, el problema no parece ser de capacidades o de cuestiones de carácter técnico, sino de la voluntad para hacer frente a la corrupción que impera a todo lo largo y ancho de este sistema desde sus raíces.

Por lo tanto, es necesario revisar y valorar lo que este diagnóstico aporta con el propósito de diseñar las estrategias más adecuadas para corregir los problemas que se señalan. La CNDH está preparando una serie de recomendaciones para algunos de los penales investigados; éstas deben ser atendidas con puntualidad. La sociedad exige también que a este diagnóstico, con sus recomendaciones, se corresponda la voluntad política por parte de nuestros dirigentes para hacer frente al lamentable problema que la CNDH documenta.