Opinion

“Los impuestos nos definen como país, lo que somos, lo que queremos ser” —El País

La más importante, la más difícil de todas las reformas es la hacendaria. Es indispensable para generar los recursos para poder crecer, incrementar el gasto en infraestructura, permitir a Pemex invertir más y ampliar la red de protección social. Los ingresos públicos descansan en una de las más bajas recaudaciones tributarias del mundo (12% del PIB) y 40% de ingresos petroleros, con producción a la baja y precio incierto.

La reforma debe ser integral, ingreso y gasto, e incidir sobre los tres niveles de gobierno. Debe recaudar alrededor de 10% del PIB, pero debe perseguir motivaciones sociales para ser apoyada. El Ejecutivo debe acreditar ante la gente que hace un esfuerzo por racionalizar su gasto: reducir el gasto corriente dispendioso y aumentar el de inversión. Han proliferado programas sociales asistenciales y clientelares que no producen resultados. Se requieren transparencia y rendición de cuentas.

Basar una reforma en ampliar la base de contribuyentes, combatir la evasión, simplificar, eliminar tratos especiales, necesario como es, se ha vuelto un lugar común y requiere tiempo. Es inevitable actuar decisivamente en impuestos y tasas, y preparar un balanceado y amplio “menú de opciones”. Éste se está discutiendo en casi todos los grandes países. Hay claras tendencias. El “menú” tiene que incluir IVA, la gran máquina recaudatoria, el que todos los ciudadanos, aun en la informalidad, pagan. Hay dos opciones: la de países europeos (y sudamericanos) que han aumentado la tasa general a niveles de 17 a 21% (España), preservando tasas diferentes para algunos bienes, como alimentos, o de países como Sudáfrica, que establecen una tasa genérica alta, pero que exentan una canasta de productos básicos. Otra fuente de ingresos, difícil pero ineludible, es reducir gradualmente los altos y regresivos subsidios energéticos (más de 2% del PIB).

El impuesto olvidado en la discusión en México es el ISR de las personas, el que recauda y simultáneamente redistribuye. Es donde menos recaudamos en comparaciones internacionales, 3% del PIB, frente a más de 10% en países avanzados. Por ello somos el país de la desigualdad. ¿Acaso no se puede cobrar más en un país en que el 20% más rico recibe el 60% del ingreso nacional? Se requiere un impuesto más progresivo, tasas más altas para ingresos millonarios (por ejemplo, 37%) y menos para la clase media. Actualmente, el que recibe 23 mil pesos mensuales paga el mismo 30% que quien recibe 3 millones. En cambio, el impuesto a las empresas debe alentar la competitividad y puede reducirse del 30% —que nadie paga— al actual nivel del IETU (17.5%), integrando los dos.

Al ampliar el “menú”, deben analizarse impuestos que se han revivido. El presidente Cardoso, de Brasil, introdujo, un impuesto sobre transacciones financieras a una tasa inferior al 1% y recaudó más de 1% del PIB. ¿Acaso los bancos pueden cobrar comisiones leoninas sobre esas transacciones que van a sus utilidades y no a necesidades nacionales? Otra opción, muy socorrida, es el impuesto sobre ganancias de capital en Bolsa, cuyo promedio OCDE es 18%. Evita que se vendan bancos por montos billonarios y el fisco no cobre impuestos. Por el aumento en la desigualdad también se resucitan los impuestos sobre herencias. Irlanda tiene una estructura interesante: personas, tasa máxima 42%; Empresas 12%; IVA 17%.

Si se quiere simplificar hay que examinar el interesante caso de Eslovaquia. Los tres impuestos (personas, empresas e IVA) tienen la misma tasa pareja de 19% con una deducción para beneficiar a los de bajos ingresos.

Se necesita negociar un nuevo pacto fiscal federal, porque la actual Ley de Coordinación Fiscal es obsoleta. Como temas prioritarios debe aumentarse la recaudación del predial, nivel ridículo de 0.3% del PIB, cuando lo normal es 3%; cobro de derechos de agua y someter la “deuda” a reglas de responsabilidad fiscal.

Por su complejidad lograr una reforma requiere un acuerdo nacional en que ésta no se haga “sobre los bueyes de mi compadre”, sino que cada grupo incurra en costos y beneficios equitativos. Esta negociación se tendría que pactar por el nuevo gobierno, pero debe diseñarse y preparase desde ya. El momento decisivo para concluirla será el primer periodo legislativo (febrero a abril de 2013). Lo que no se haga entonces difícilmente se logrará después. Pero si no se hace una verdadera reforma fiscal estaremos condenados a la mediocridad.