Opinion

Durante las décadas de los 80 y 90, América Latina tuvo que enfocarse en realizar importantes reformas macroeconómicas, reestructurar y modernizar sus mercados y prepararlos para una economía global, a partir de la apertura comercial.

De acuerdo con un interesante artículo escrito por el político y académico Otto Granados, publicado en el diario El País, a pesar de que en América Latina subsisten niveles inaceptables de pobreza y mala distribución del ingreso, la región experimentó en la década pasada un giro distributivo positivo, debido al crecimiento provocado por el sector externo, la mejor calificación relativa de la mano de obra y las políticas de combate a la pobreza. Entre 2000 y 2010, el ingreso promedio de los latinoamericanos aumentó 30%; la proporción del consumo que recibe 20% de los hogares más pobres creció en la mayoría de los países y unos 73 millones de personas salieron de la pobreza.

Teniendo en cuenta ciertas salvedades y considerando que existen países con fuertes problemas de inseguridad, violencia, corrupción y debilidad institucional, la región vive una etapa de elecciones libres, imparciales y competitivas y un respeto, por lo menos básico, al marco de libertades civiles y políticas. Ya superados los desafíos de reformas económicas y de instauración de elecciones, no hay respuestas fáciles para los mayores desafíos de la región: afianzar e incrementar la calidad de la democracia y la gobernabilidad; disminuir los niveles de pobreza y desigualdad y combinar y consolidar las diversas reformas para asegurar la inclusión social y una mayor equidad.

De acuerdo con la publicación, la región tiene una creciente desilusión con el funcionamiento de las instituciones representativas. El Latinobarómetro de 2011, un estudio de opinión pública aplicado en 18 países de América, señala que el apoyo a la democracia, es decir, su aceptación como el régimen preferible, se redujo de 61% al 58% desde 2010. En esta materia, 14 de los 18 países de la región registran una disminución en 2011 en comparación con 2010: Guatemala y Honduras en 10 puntos porcentuales, Brasil y México nueve, Nicaragua ocho y Costa Rica y Venezuela siete. A su vez, la satisfacción con la democracia, es decir, la percepción de que funciona bien, apenas alcanza 39% en la región.

El panorama anterior es de difícil análisis, puesto que las características de la población son inéditas: hay nuevas formas de interacción, organización y participación ciudadana y existen grupos de población en edades medias, más demandantes y más integrados en las clases medias, que equivalen a un tercio de la población regional. Además, las motivaciones son distintas a las que tenían las generaciones anteriores.

Existe también un cambio en el ánimo de la sociedad que esperaba respuestas, rápidas y visibles, a partir del regreso, perfeccionamiento o instauración de la democracia en América Latina. Este desencanto es el que ha mermado la opinión sobre la democracia en la región e incluso ha motivado, en algunos países, el regreso de prácticas de cierta disolvencia institucional que se creían desterradas.

Al respecto, la conclusión de Granados es contundente: una cosa es que la democracia no provea todo lo que se desea y otra, muy diferente, es que la democracia sea exclusivamente una herramienta para organizar elecciones y formar gobiernos. En la América Latina actual ya no es suficiente una mera arquitectura electoral robusta, sino que es indispensable dotarla de nuevos satisfactores en un contexto de políticas públicas efectivas, con un mayor nivel de consenso y legitimidad y de una gestión gubernamental innovadora, efectiva y responsable. No es la democracia, es su calidad.