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Ricardo Raphael

Defensores de derechos y periodistas

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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10 de septiembre de 2012

Lydia Cacho, una de las periodistas mexicanas con más reconocimiento en el mundo, no cuenta con condiciones para vivir en Quintana Roo, donde tiene su residencia. En Veracruz, el académico y activista de los derechos humanos Alberto Olvera ha sido gravemente amenazado por el trabajo que realiza para proteger a los periodistas de su entidad.

En Tamaulipas, el periodismo es un oficio que murió hace ya tres años, cuando se volvió uno de los más peligrosos para su ejercicio. En Nuevo León, las oficinas del periódico El Norte son blanco frecuente de atentados. En Chihuahua, el asesinato de Armando Rodríguez, El Choco, periodista de El Diario de Juárez, sigue sin resolverse. En Cualiacán los medios se sufren amordazados cuando la noticia toca los intereses del grupo criminal más importante del país.

En Tijuana, el Semanario Zeta lleva ya más de 20 años señalando la impunidad y la violencia con que ciertos bandidos de cuello blanco han impuesto la mordaza. Los ejemplos se continúan en La Laguna, Michoacán, Acapulco, en fin; y todos dotan de contenido la conclusión que distintos organismos internacionales han compartido a propósito del estado que guardan los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, en México: el país se ha convertido en uno de los más peligrosos del orbe.

La organización inglesa Articulo XIX ha sido explícita al advertir, reporte tras reporte, que son los funcionarios acusados de estar coludidos con el crimen, quienes suelen perpetrar actos intimidatorios, extorción, secuestros o asesinatos cometidos contra defensores y periodistas.

No sobra hacer notar que en ningún momento aparecen el Distrito Federal, la zona metropolitana o el Estado de México, como regiones donde la alarma halla todavía sonado. Al parecer, por ahora, el crimen organizado y sus aliados, los funcionarios públicos, no se han metido con la prensa o los defensores que desempeñan su labor en esta coordenada del país. Se trata, sin duda, de una buena noticia y, sin embargo, este hecho ha alimentado la indolencia que los medios chilangos mantienen con respecto a lo que ocurre con sus pares en otras geografías del país.

Después de varios años de menosprecio, propinado cínicamente por el gobierno federal, en el Congreso se aprobó finalmente la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, entre otras intensiones, propuso la creación de un mecanismo dispuesto para velar por aquellas personas que, por los motivos citados, padecen persecución violenta. A la manera de las comisiones de derechos humanos, este mecanismo deberá estar integrado por un conjunto de visitadurías y también por un Consejo Consultivo compuesto por personas respetadas y comprometidas con las libertades democráticas. Hoy altera y enoja la velocidad con que la puesta en marcha de este mecanismo se está desvirtuando. Por principio, resulta escandaloso que las organizaciones apuntadas para constituir la asamblea que definirá a los responsables de conducirlo no provengan de los estados afectados por la violencia, sino de la zona metropolitana.

Luego, es inaceptable que la inmensa mayoría de las organizaciones inscritas sean sólo membretes sin currícula, ni experiencia probada, en la protección de derechos. Es increíble que instituciones como Artículo XIX, AMARC, CIMAC, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro o la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, entre otras muchas, hayan sido marginadas gracias a una acción previsiblemente concertada para hacer que la ley termine sirviendo a intereses torcidos.

En un comunicado publicado el viernes, tales organizaciones, que cuentan con la mayor legitimidad, anunciaron su repudio frente al artificio. La Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un avance importante para que la libertad y la seguridad regresen un día a nuestro país, no puede terminar enterrada ni subordinada a los deseos ilegítimos de las actuales o futuras autoridades, que miran en estas instancias de la sociedad a sus más odiados adversarios.

El gobierno mexicano, en particular la Segob y también la CNDH tienen una responsabilidad muy seria para evitar la cooptación del mecanismo comentado, por parte de quienes quieren que en el país la violación de los derechos humanos sea ocultada o sepultada por la burocracia de siempre.

 

Analista político



Editorial EL UNIVERSAL Lucha contra la opacidad


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