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José Fernández Santillán

Enrique Peña Nieto y la izquierda

Recibió el título de doctor en Historia de las Ideas Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Turín (1983); se ...

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07 de septiembre de 2012

Para Alonso Lujambio, quien el domingo pasado cumplió 50 años

Una vez concluido el proceso electoral (por lo menos en lo que toca al TEPJF) con la entrega, el 31 de agosto, por parte del magistrado Alejandro Luna Ramos a Enrique Peña Nieto de la constancia que lo acredita como presidente electo, asistiremos en los próximos meses al periodo de transición en el cual el gobierno de Felipe Calderón le pasará la estafeta al gobierno entrante. Se trata de un lapso de tiempo propicio para definir las grandes líneas de acción para el próximo sexenio en materia política, económica y social.

Por lo pronto la administración entrante ha anunciado tres iniciativas inmediatas: la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, el otorgamiento de mayor competencia a los órganos oficiales encargados de la transparencia y la supervisión ciudadana en la contratación de publicidad por parte de los poderes públicos en los medios de comunicación. Son medidas plausibles.

No obstante, en lo que también se debe trabajar es en un acuerdo nacional en favor de la gobernabilidad democrática. En este compromiso deben participar todas las fuerzas políticas con presencia en el Congreso de la Unión. Asunto que implica la atención a por lo menos cuatro rubros fundamentales: orientar y darle certeza a la nación, restablecer el orden público, atender los mínimos de bienestar que demanda la población y garantizar mayorías estables en el Congreso de la Unión.

Para llevar a cabo este último propósito considero que se necesitan instrumentar, por lo menos, dos magnas transformaciones: de una parte pasar del sistema presidencial al sistema parlamentario; de otra parte, cambiar de modelo económico. Por lo que respecta al primer asunto debemos recordar que desde 1997 no se han podido formar mayorías parlamentarias estables. Hemos tenido gobiernos divididos que derivan con frecuencia en gobiernos bloqueados en vista del sistema presidencial prevaleciente. En contraste, el sistema parlamentario (propuesta que comparto con Alonso Lujambio) obliga a los partidos a formar mayorías para sostener al gobierno en turno, de otra manera los representantes pierden sus puestos y se llama a nuevas elecciones. Ese es el incentivo que los acicatea.

Por lo que hace al modelo económico, es de sobra conocido que el neoliberalismo se desfondó en 2008 con la debacle de Wall Street. Muchos países, en consecuencia, andan buscando una alternativa económica diferente. En México es hora de que la izquierda democrática, no maximalista, adopte una actitud constructiva. Le entre al quite para equilibrar la balanza en la correlación de fuerzas en la política nacional.

Hoy esa izquierda democrática tiene la suficiente fuerza parlamentaria para impulsar una agenda que deje atrás el neoliberalismo. Adolfo Orive (“Frente Legislativo Progresista”, Excelsior, 2/IX/12) sintetizó la propuesta legislativa de la izquierda de la siguiente manera: atacar el problema del narcotráfico debilitando sus estructuras financieras y el lavado de dinero. Para esto se necesita reorientar la estrategia de combate al crimen organizado atacando las causas de la inseguridad; es decir, la inequidad social, el rezago educativo y el desempleo. Promover la inversión en infraestructura, la ampliación del mercado interno y el fortalecimiento productivo de la pequeña y mediana industria. Rechazar el incremento al IVA en alimentos y medicinas. Incrementar el presupuesto en ciencia y tecnología; promover nuestra inserción en la sociedad del conocimiento.

Una alianza política entre el PRI y la izquierda democrática impulsaría esta agenda legislativa; la traduciría en políticas públicas desde el gobierno federal. Tal enlazamiento cambiaría el rumbo del país en sentido progresista y, de paso, le restaría fuerza a la izquierda neopopulista.

 

Profesor del Tecnológico de Monterrey (CCM)



Editorial EL UNIVERSAL Mejorar la transparencia


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