Opinion

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), de 2007 a la fecha las denuncias por el delito de secuestro han ido en aumento cada año. En el 2007 se iniciaron 496 averiguaciones; en el 2008 se registraron 713; para el 2009, 741; en el 2010, 766; mientras que en el 2011, mil 79, y en los primeros cinco meses del presente año suman 580 denuncias. No hay forma de que estos números sean alentadores.

No faltará quien interprete esto como una prueba del aumento de la confianza ciudadana en sus instituciones de seguridad, al grado de que se ha logrado consolidar una cultura de la denuncia. Sin embargo la línea estadística es preocupantemente ascendente, lo que no da lugar al optimismo. Por el contrario, la denuncia de uno de los delitos en los que la vida de la víctima corre más peligro habla de grados de desesperación extrema de familiares angustiados.

Cabe señalar que este delito, otrora reservado a grandes empresarios, cuya fortuna codiciaban los delincuentes, hoy se ha democratizado perversamente. Es secuestrable en nuestros días quien tenga un negocio propio, por pequeño que sea; o un modo de vivir medianamente desahogado; e incluso quien cae víctima por azar o mal juicio de los criminales.

Es decir, el secuestro es una amenaza para el ciudadano común y corriente, que sin ser millonario, ni estar inmerso en un mundo de maleantes, puede ser privado de su libertad. Esta expansión del delito ha sido provocada principalmente por la impunidad; por la poca o nula posibilidad de que los secuestradores sean castigados, lo que eleva en su favor la relación riesgo/beneficio. También por el hecho de que en no pocas ocasiones las bandas de secuestradores cuentan con policías y ex policías entre sus filas o tienen complicidad con éstos para cometer sus delitos.

Este ilícito, además de acabar con la tranquilidad de las personas, es también uno de los que más desalientan el turismo o las inversiones. Un país que no da garantías a propios y extraños de su seguridad personal, cae verticalmente en competitividad internacional.

Una estrategia de combate al crimen verdaderamente integral no sólo ha de limitarse a buscar y detener líderes de narcotraficantes, sino que ha de atender sin dilación aquellos fenómenos criminales que más golpean a la población en general. Esta también es una de las condiciones para no ser considerado un Estado fallido.