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Ricardo Raphael

País de pobres viejos

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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27 de agosto de 2012

Un objeto no identificado va a estrellarse sobre las prioridades de la futura administración. No proviene de la galaxia de la política ni tampoco tiene que ver con el proceso electoral pasado. Hoy merece poca atención pero muy probablemente vamos a hablar de las pensiones de la burocracia por los próximos seis años.

Entre los asuntos que se adivinan en el horizonte, este tema hará padecer a la estabilidad económica mexicana como ningún otro.

En una muy oportuna publicación, “Pensiones en México”, el economista Pedro Vázquez Colmenares alerta, con fino bisturí, sobre la tremenda presión que tales pensiones van a ejercer, en breve, sobre las fianzas públicas del Estado. Los recursos necesarios para cubrirlas hoy significan alrededor del 13.8% del presupuesto federal programable, pero en sólo tres años alcanzarán poco más del 25%. Esto significa un tercio por encima de los recursos destinados a la educación, seis veces los dineros dispuestos para el Seguro Popular y casi 10 veces lo que el Estado dedica al programa Oportunidades.

De no hacerse nada, el volumen de la presión crecerá sin límite. No es exagerado prever el día en que el Estado diga, como estuvo a punto de hacerlo a mediados de los años 80 con la deuda externa: “háganle como puedan, no tengo para pagar.”

Una alarma reciente sonó a principios de este año cuando el director del IMSS, Daniel Karam, comunicó a su Consejo de Administración que tal institución ya no contaba con recursos propios para seguir pagando a sus propios pensionados; por lo que, a partir de enero de 2013, será la hacienda pública la que se haga cargo de tal responsabilidad.

En otras palabras, no será con las cuotas de los trabajadores sino con los impuestos del contribuyente que se resolverá el entuerto.

No es esta salida una solución novedosa. Según Vázquez Colmenares, de los más de 100 distintos sistemas de pensiones que atienden a la burocracia mexicana, apenas cinco cuentan con fondeo propio a partir de las aportaciones que, durante su vida laboral, hicieron los trabajadores.

El resto sobrevive de las participaciones que la federación entrega a los municipios, los estados, Pemex, ISFAM, CFE, Luz y Fuerza y a un largo etcétera de instancias que, como el IMSS, a la hora actual, no cuentan con dinero propio para pagar el costo de la jubilación de sus antiguos trabajadores. Lo injusto es que tales pensiones de la burocracia se financien con los impuestos de mexicanas y mexicanos que, de su lado, no verán jamás una pensión digna durante su vejez. En efecto, en el país, al menos la mitad de la población adulta no aporta hoy para tener mañana derecho a una jubilación aceptable, lo cual hace que uno de cada dos ancianos vayan a padecer, en México, una vejez francamente precaria.

A propósito de la otra mitad —los que sí cuentan con algún tipo de protección económica— unos pocos obtendrán una pensión aceptable y otros sólo un tercio de lo esperado. Según los cálculos actuariales, una mayoría de la población que actualmente aporta al sistema de las AFORES no recibirá, al retirarse, ni siquiera la tercera parte del ingreso mensual que tenía durante su último día laboral. Se trata de una estafa grande cometida en contra de toda una generación. Únicamente serán beneficiados quienes han trabajado para el Estado.

En resumen, cinco de cada 10 mexicanos no tendrán pensión alguna; 2.5 de cada 10 obtendrán una que será, en promedio, de una tercera parte sobre el último sueldo percibido y; solo 2.5 de cada 10 podrán despreocuparse gracias a que fueron trabajadores al servicio del Estado. Es enojoso el asunto de la inequidad con que se reparte el derecho a una vejez digna en nuestro país. No sólo brinca el hecho de que sean tan pocos los privilegiados, sino que tales privilegios se paguen con los impuestos de una persona que está condenada a sobrevivir sin jubilación.

Sea por la inequidad o por la inviabilidad económica del actual sistema de pensiones, la futura administración va a tener que tomarse este tema con gran seriedad. De lo contrario vivirá restricciones presupuestales graves y, a la postre, se encontrará con una sociedad que pasó de ser pobre para convertirse en otra de pobres viejos.

La administración entrante va a tener que colocar la mirada, muy concentradamente, sobre este expediente. De lo contrario, hacia mediados del próximo sexenio la crisis de pensiones será tan escandalosa como, en los años 80, lo fue la crisis de la deuda.

 

Analista político



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