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Santiago Corcuera

Fuero militar y “litigomanía” gubernamental


25 de agosto de 2012

En nuestra colaboración de estas páginas publicada el 7 de abril de este año (http://bit.ly/T5d2pM), nos referimos al amparo promovido por la familia del indígena nahua Bonfilio Rubio con el fin de que el caso fuera conocido por tribunales civiles y no por la justicia militar. Bonfilio Rubio fue ejecutado por efectivos del Ejército. En aquella colaboración señalábamos que el gobierno federal, vergonzosamente, había interpuesto recurso de revisión contra la sentencia que daba la razón a la familia Rubio, en una muestra más de la litigomanía del gobierno federal.

El gobierno del presidente Calderón ha intentado, tanto en juicios nacionales como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), defender el fuero militar. El primer caso que llegó a la CoIDH en el que esta cuestión formó parte de la litis, fue el ya afamado caso Radilla. El Estado mexicano litigó todo vehementemente. No puedo evitar desternillarme cada vez que me acuerdo que los delegados del Estado mexicano intentaron desacreditar el peritaje que la CoIDH me solicitó a petición de los representantes de las víctimas: el Estado expresó “[su] extrañeza sobre [su] comentario […] [de] que recibió ayuda de otra persona para la rendición de ‘su’ peritaje, como figura en una nota al pie de página en su escrito”. A lo que la CoIDH respondió: “Al respecto, la Corte considera que la declaración referida (supra párrafo 95) fue suscrita solamente por el señor Corcuera y rendida solamente por él ante fedatario público, con lo cual se satisface su presentación “a título personal”. En tal sentido, el Tribunal decide otorgarle valor probatorio…”. También trató, infructuosamente, de echar para abajo los demás peritajes solicitados por los representantes de las víctimas. Esto para mostrar el excesivo afán del gobierno por litigarlo todo.

En ese caso, y en otros que lo siguieron, como los de Inés y Valentina, y el de los ecologistas Cabrera y Montiel, la CoIDH resolvió que los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por agentes militares deben ser conocidos por tribunales civiles, y no militares.

El recurso interpuesto por el gobierno federal en el caso Bonfilio Rubio llegó a la SCJN y, como lo esperábamos, el pleno resolvió con ocho votos a favor, que el expediente debe ser remitido al fuero civil federal. Además, declaró inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar que prevé que los delitos del orden común o federal que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo (aunque sea en perjuicio de civiles) se consideran contra la disciplina militar y, por lo tanto, materia de la justicia militar. Este fallo histórico se suma a otros que han venido acotando el fuero militar y que están en vías de conformar jurisprudencia.

El caso de Bonfilio Rubio ha sido patrocinado valiosa y valientemente por las organizaciones Tlachinollan y Monitor Civil de las Fuerzas de Seguridad de la Montaña. Estas organizaciones, en un reciente boletín, expresan: “Celebremos el fallo de la SCJN, pues además es en un caso que consideramos paradigmático del uso excesivo e irracional de la fuerza pública en contra de la población civil, que se ha vuelto recurrente durante la presente administración (…) Una vez más, son las propias víctimas quienes con sus decididas luchas abren las puertas para las acciones que la situación de emergencia nacional demanda”.

Lo menos que podemos hacer los demás es darle las gracias a las víctimas, como la familia Rubio o la familia Radilla, o a Inés y a Valentina, o a Teodoro y a Rodolfo, por defenderse, y a las organizaciones honestas como Tlachinollan por acompañar la defensa. Con esas acciones, poco a poco, como con una cuchara, (evocando el cuento chino que relata Jodorowsky) se va socavando la montaña de la renuencia del gobierno para cumplir con las sentencias de la CoIDH.

 

@CorcueraS
Ex presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU



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