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Porfirio Muñoz Ledo

Mordaza global

Ex embajador de México ante la Unión Europea. Su trayectoria política es amplia y reconocida: fue fundador y presidente del PRD, senador, di ...

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21 de agosto de 2012

Cuando se expandió el dogma neoliberal, escudado en un proceso de globalización material, llevaba en las alforjas la promesa de la libre comunicación e intercambio cultural entre los humanos del planeta. La revolución de medios tecnológicos hacía asequible ese cambio, aunque la prosperidad augurada nunca llegó.

Ese proceso de crecientes libertades está llegando a su fin y se anuncia una grave involución. Baste analizar las frustraciones por las numerosas transiciones políticas. La comunicación electrónica se ha convertido en un monstruo de Frankenstein que desafía la estabilidad de las potencias financieras mediante el simple método de divulgar la verdad; en este caso, sus secretos operativos.

Como diría Julian Assange, aludiendo en particular a EU, “podría llevar al mundo a una era de opresión contra el periodismo”. Añadió que “mientras Wikileaks esté amenazado, también lo estarán la libertad de pensamiento y la salud de nuestra sociedad”. La intención contra el comunicador es sin duda un escarmiento que se torne en sanción ejemplar.

Doble moral; una vez más, quienes se asumen como heraldos de los valores democráticos los combaten y castigan cuando trasgreden límites impuestos por sus intereses. Mientras Ecuador, inspirado en las mejores tradiciones de la región, concede el asilo; el de la Gran Bretaña niega el salvoconducto y recuerda las largas estadías en sedes diplomáticas de Cámpora y Haya de la Torre, perseguidos de dictaduras latinoamericanas.

Las reacciones atropelladas contra Assange no son sino un episodio de la campaña de los grandes poderes económicos para controlar las tecnologías de información (internet en general, Facebook y Twitter en particular) vueltas una amenaza para los medios tradicionales y los establecimientos políticos en cuanto pasan al dominio de la ciudadanía y se convierten en vehículos de insurgencia.

No es otro el propósito del Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) suscrito por el gobierno de México a pesar de la opinión expresa en contrario del Senado. El objeto formal de instrumento es la “adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual”, aunque esconde procesos de inspección de los contenidos electrónicos.

El punto más polémico del tratado está en el artículo 27, que debiera reservarse. Este autoriza a los proveedores de servicios digitales, como internet, a dar direcciones IP y datos personales de los usuarios si “se sospecha” que se efectúan “descargas ilegales de archivos a través de la red”, además de las sanciones económicas y aun criminales del caso.

Más aun, en julio una abrumadora mayoría del Parlamento Europeo rechazó el acuerdo internacional antipiratería por considerar que “contiene demasiadas ambigüedades y deja demasiadas puertas abiertas para atentar contra la privacidad, las libertades individuales y la libre circulación de información”. Es necesario mantenerse alertas en nuestro país para que el Ejecutivo no vaya a obviar la ratificación senatorial de este adefesio.

La versión obscena de esta andanada contra la libertad de expresión se compendia en las presiones que supuestamente ejerció el gobierno federal sobre la empresa MVS para condicionar el refrendo de las concesiones de la banda de 2.5 GHz. La condición era la suspensión indeterminada de la periodista Carmen Aristegui, conductora del noticiario de mayor audiencia de la radiodifusora.

El anuncio oficial es que la banda será “rescatada”, ya que está subutilizada y por supuesto la negativa absoluta a lo dicho por la empresa, cuyo abogado —que fuera secretario de Gobernación en este sexenio— dice que la defensa obedece al principio de libre competencia, amenazado por el oligopolio mediático.

Lamentable que en este sainete la denuncia contra el atentado a la libre expresión se restrinja al uso indebido del poder del Ejecutivo, en vez de la propuesta consecuente para crear un órgano constitucional autónomo en telecomunicaciones que actúe en nombre de la sociedad. Justamente la aspiración de los jóvenes.

 

Diputado federal por el PT



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