Opinion

Hay muchas diferencias entre la elección de 2012 y la de 2006. Entre ellas destacan: el modelo de comunicación política, las causales para el recuento de la votación y el arbitraje electoral a cargo del IFE. Cada uno de estos factores contribuyó a que el desarrollo de este proceso electoral sea más equitativo, competido y transparente.

La experiencia de las llamadas campañas negras de 2006, los excesos en el uso de los medios electrónicos de comunicación y la creciente importancia electoral de éstos, subrayaron la necesidad de que la autoridad electoral interviniera oportunamente para impedir que conductas sancionables influyeran en el desarrollo de las contiendas.

De hecho, el arbitraje electoral que realizaba el IFE hasta 2006 se circunscribía exclusivamente a los procesos electorales federales y, en la resolución de las quejas, no había plazos de ley claramente determinados.

A partir de la reforma electoral de 2007-2008, las funciones de arbitraje se ampliaron. El objetivo fue impulsar una justicia electoral más expedita que pudiera intervenir para corregir conductas de los partidos políticos, medios de comunicación, personas morales y que evitara daños irreparables en materia electoral.

Así, se incluyó un nuevo libro séptimo en el Cofipe que reglamentó tanto la tramitación de las quejas como la imposición de sanciones para quienes ejercían conductas ajenas al espíritu de legalidad y competencia democrática de nuestro modelo electoral. Se ampliaron los sujetos regulados y ahora el IFE cuenta con facultades para sancionar a precandidatos, candidatos, ciudadanos, personas morales y concesionarios y permisionarios en radio y televisión, entre otros. Se crearon herramientas que facilitan una intervención expedita (medidas cautelares), se establecieron los procedimientos para que los contendientes interpongan sus quejas y los plazos se acotaron para resolver con mayor celeridad (los ya célebres procedimientos especiales sancionadores).

Si comparamos las quejas que recibió el IFE en 2006 y en 2012, es fácil observar cómo evolucionó el arbitraje electoral hacia aspectos que influyen más en la competencia política.

Por ejemplo, en 2006 se recibieron 779 quejas, distribuidas en 15 grandes rubros. En cinco de ellos se concentraban 87.2% del total: 270 se referían a propaganda electoral (destrucción, obstrucción, retiro indebido, robo, contenido incompleto y colocación en lugares prohibidos); 180, a falta de neutralidad de autoridades de los distintos niveles de gobierno; 91, a propaganda que se consideró contenía diatriba, calumnia, injuria o denigración para algún candidato, partido o coalición; 79, por actos de campaña fuera de los plazos establecidos en el Cofipe y, 59 sobre actos relacionados con la afiliación colectiva y la coacción del voto.

En 2012, pese a que el proceso electoral no ha finalizado, el número de quejas se duplicaron. Pasaron de 779 a mil 560, considerando las presentadas ante el Consejo General y los Consejos Distritales. De las quejas recibidas, 440 son de procedimientos especiales sancionadores; 212, de procedimientos ordinarios sancionadores y 908, de procedimientos interpuestos en los distritos.

Además, debe subrayarse, la gran mayoría de éstas se orientaron hacia conductas no previstas en la legislación anterior y cuya ejecución podía incidir de manera importante en la evolución de los procesos electorales. En efecto, 81% del total de quejas presentadas (mi 263), corresponden a infracciones que no estaban tipificadas como: actos anticipados de precampaña o campaña (209); propaganda contraria a la normatividad electoral (707); adquisición o contratación de tiempo en radio y televisión (88); difusión de propaganda gubernamental (186) y promoción personalizada de servidores públicos (73).

También en arbitraje es distinta la eficacia en la resolución de las quejas. En 2006 se resolvieron sólo 78, es decir 10% de las recibidas, y en 2012 se han resuelto mil 192, un 76.4%.

Las cifras anteriores muestran cómo el actual modelo electoral ha contribuido a evitar que acciones al margen de la ley afecten el desarrollo de la competencia política. Esta fue una de las premisas que orientó los cambios institucionales de 2007 y 2008 y, después de dos elecciones federales, podemos afirmar que ha cumplido con su objetivo. Ahora, el IFE cuenta con herramientas de arbitraje, ciertamente perfectibles, que han inhibido o evitado conductas que pudieron distorsionar los procesos electorales.

Sin duda el arbitraje electoral ha contribuido a que las contiendas sean más equitativas. Los beneficios de ello para la democracia están a la vista, aunque es innegable que ha generado momentos de tensión entre la autoridad electoral, los partidos y los distintos sujetos obligados.

*Presidente del IFE