Opinion

El tema de la educación es muy complejo. Son muchos los actores y las instituciones involucradas en el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Son muchos, también, los problemas que deben resolverse para brindarles una educación de calidad y uno de ellos tiene que ver con la mitigación de la deserción escolar.

Es ahí en donde se ubican las acciones gubernamentales que están dirigidas a dotar de útiles y uniformes escolares a los alumnos que se encuentran inscritos en instituciones públicas de educación básica. El fin último de estas medidas es lograr que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo gracias al otorgamiento de apoyos económicos que les permitan sufragar los gastos que realizan sus padres o tutores al inicio de cada ciclo escolar.

Desde diciembre de 2003, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley sobre el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares a todos los Alumnos inscritos en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria escolarizadas, educación especial e indígena. Tres años después, el gobierno puso en marcha el Programa de Uniformes Escolares. A pesar de su encomiable propósito, estas medidas presentan fallas y deficiencias que deben corregirse para potenciar su impacto y sus beneficios.

Puntos en contra

La primera deficiencia de estos programas es que no existen datos oficiales -o por lo menos no son públicos- que nos permitan valorar su funcionamiento o corroborar su cobertura: cuántos niños lo reciben, en qué escuelas y el impacto que tienen.

A pesar de que la ley señala que los programas gubernamentales deben contar con evaluaciones internas y externas cuyos resultados deben hacerse públicos, en la página de internet de la Secretaría de Desarrollo Social no está disponible dicha información. Es más, se menciona que las evaluaciones correspondientes a los años 2010 y 2011 se encuentran “en proceso de elaboración”.

La segunda deficiencia tiene que ver con el bajo impacto que estos programas tienen en el bolsillo de los padres de familia y en la actividad económica de las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente de las papeleras, las tiendas deportivas y las dedicadas a la costura.

En un estudio realizado por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) se menciona que el 43% de los padres de familia no reciben vales para uniformes y útiles, mientras que sólo el 9% de los que sí los reciben afirman que estos son suficientes. De hecho, muchos tienen que recurrir a sus ahorros o a sus tarjetas de crédito para enfrentar el regreso a clases.

Asimismo, el mismo estudio indica que 63% de los pequeños comercios están fuera del programa de vales para útiles y uniformes escolares, por lo que concluye que esto “funciona como un mecanismo de exclusión para los comercios que no están dentro del programa, pues resultan menos atractivos para los consumidores por no recibir los vales”.

En conclusión

Debe asegurarse la continuidad y permanencia de estos programas. Sin embargo, es imprescindible que se realice una evaluación de sus aciertos, fortalezas, y debilidades.

La ciudadanía debe contar con indicadores que permitan supervisar y dar un seguimiento acucioso a estas acciones, sobre todo en una ciudad en donde están inscritos alrededor de un millón cuatrocientos mil estudiantes en instituciones públicas de educación básica.

Es increíble que en el presente año el presupuesto autorizado para financiar útiles y uniformes escolares rebase los 482 millones de pesos y que no sea suficiente para apoyar a los estudiantes capitalinos, quienes también necesitan zapatos, mochilas, tenis y otros artículos básicos para su año lectivo.

Las autoridades deben rendir cuentas claras de estos recursos, del monto que se entrega a cada familia y, especialmente, del impacto y de los beneficios que estos apoyos reportan a la economía de las familias más necesitadas.

@GabyCuevas