Opinion

Vuelvo a EL UNIVERSAL, a aprovechar este espacio para compartir reflexiones desde una óptica general, sin tintes derivados de mi militancia política. Así lo he intentado siempre, por ello, siendo candidata decliné el privilegio de escribir en estas páginas. Mis textos no son proselitistas. Pretenden contribuir a un análisis amplio, objetivo, o cuando menos, aportar elementos para el debate desde mi visión personal, independiente de cualquier consigna retomo esta posibilidad.

¿Cuáles son los temas que enfrenta el país, si el oleaje de la tormenta electoral que nos ha enfrascado en un conjunto de descalificaciones estériles (por infundadas) nos permitiera avizorar el horizonte?

Parecería indispensable precisar la Agenda Inicial, la que consolide la gobernabilidad en estos tiempos difíciles, y que permita que el nuevo gobierno aborde los asuntos que preocupan a la población, y aquellos que dan viabilidad a México.

¿Cuáles son los asuntos a enfrentar perentoriamente, o, en su caso, seguir enfrentando, con los mismos métodos, o con métodos distintos; aquellos que forman parte de la problemática nacional, y que el nuevo gobierno deberá atender de manera inmediata?

Pienso que muchos de los asuntos a los que hay que abocarse, no son parte de la Agenda Legislativa, ni requieren reformas legales para actuar sobre ellos. Sobredimensionar la agenda legislativa, y suponer que sólo reformas jurídicas de gran calado nos permitirán avanzar en todos los frentes, puede generar confusión en la opinión pública, pues es evidente, por la composición del Congreso, que el tejido a realizar para concretar las grandes reformas tiene un alto grado de complejidad, que significará tiempo y contradicción con los intereses reales, con su respectivo reflejo parlamentario.

Sin embargo, se puede trabajar de forma inmediata en otro conjunto de temas, de igual relevancia, cuya atención simplemente significa gobernar. Gobernar bien. Menciono algunos:

Seguridad. No es la ausencia de instrumentos jurídicos lo que incide en la materia. La gran pregunta es sobre la estrategia, y los perfiles requeridos para aplicarla. Desde luego, que prevalezca el Estado de derecho en todas las regiones, que se recupere la tranquilidad en todas las zonas del país; que los migrantes que transitan por México no tengan riesgos; que cesen los crímenes aberrantes e impere la justicia, es un asunto de alta prioridad e ineludible.

Empleo y oportunidades ocupacionales para la juventud. Es obvio que tendrán que aplicarse políticas públicas que impulsen la generación de empleos, con mayor énfasis en el empleo juvenil. Independientemente de que algunos sectores requieren reformas jurídicas para desplegarse a plenitud —quizá el energético—, mucho se puede hacer, desde ya, en la economía real con los instrumentos de estímulo e inversión de los que ya dispone el Estado. Claro que tendrán que darse decisiones que obliguen a la Banca de Desarrollo a operar más eficientemente y con mayor cobertura; y la transformación de algunas políticas sociales asistencialistas cuyos recursos pueden convertirse en capital de soporte para el autoempleo.

Avanzar en la cobertura educativa de la educación media superior y la educación superior, y en la calidad de la oferta educativa, tanto pública como privada, es otra prioridad fundamental. La era del conocimiento obliga a incrementar la inversión en ciencia y tecnología.

Reactivar el sector agropecuario, y garantizar los volúmenes de inversión pública y privada que provean la seguridad alimentaria del país, con mayor volumen de componentes de origen nacional, para generar empleo e ingreso en el campo mexicano, y lograr que el incremento mundial de los productos alimentarios no repercuta de manera dramática en la economía mexicana. Hay que rediseñar la política agropecuaria, para lograr su eficacia en el abasto alimentario nacional, con calidad proteica y precios accesibles, y en la captación de divisas. Mucho hay que hacer por el sector pesquero que ha estado abandonado los últimos años.

Para todo lo mencionado se requieren recursos, lo que irremediablemente deviene en una reforma fiscal profunda. En lo que puede darse, se deben administrar mejor los recursos existentes, reordenar prioridades, avanzar en la eficacia del sistema tributario, disminuir significativamente la elusión fiscal, disponer de recursos que actualmente sólo favorecen al capital financiero, e iniciar muchas de las tareas mencionadas, que para llevarse a cabo no requieren grandes reformas legislativas, sino comprender para qué sirven los instrumentos de los que ya dispone el gobierno; que el Poder Ejecutivo funcione bien en todos sus niveles. Las reformas que puedan concertarse, se realizarán, pero que el ritmo y la complejidad de un Poder Legislativo plural, no sea motivo para inhibir la toma de decisiones y el avance donde puede lograrse.

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Diputada federal con licencia