Opinion

Una de las peores herencias del viejo régimen del presidencialismo absoluto fue el mantenimiento de monopolios públicos y privados como cotos de poder y formas de alianza entre el capital y los gobiernos del priísmo sexenal. Bajo el manto del nacionalismo revolucionario, e incluso a partir del surgimiento de la tecnocracia priísta en los 80, la necesidad de proteger económica e ideológicamente a los monopolios se convirtió en parte del concepto de “lo mexicano” más allá de los beneficios o perjuicios que esto ocasiona a las grandes mayorías nacionales.

Fue así como los monopolios públicos en electricidad, petróleo y telefonía se asociaron directamente con el principio según el cual la propiedad estatal era sinónimo de propiedad popular o ciudadana, en tanto que la privada era símbolo de ganancia ilícita, saqueo y egoísmo ajeno al nacionalismo colectivo inmerso en el concepto de la mexicanidad. En este sentido, el monopolio público era intocable. Cuando Carlos Salinas vende Telmex a Carlos Slim, el concepto de unidad entre lo estatal y lo mexicano empieza a resquebrajarse. Lo privado comienza a generar cierta legitimidad que se limita enormemente al verse este sector protegido por el propio Estado para convertirse en un monopolio privado.

La lenta y difícil apertura del sector telefónico con la irrupción de la telefonía celular, no tuvo continuidad en el sector eléctrico y en el petrolero. Las administraciones panistas de la alternancia obtuvieron éxitos limitados al conseguir acabar con el pasivo de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, y al echar a andar una reforma energética que apenas le permite a Pemex sobrevivir algún tiempo más, sin poder potenciar al máximo la explotación y refinación del crudo en beneficio del país en su conjunto. En el terreno de la televisión abierta y restringida, se repitió el viejo modelo de no tocar los intereses de los dos grupos dominantes, Televisa y TV Azteca, facilitando la concentración de todo el espectro de las telecomunicaciones en tres actores fundamentales: los dueños de las dos televisoras y el dueño de la compañía telefónica.

Es éste el nudo que la administración calderonista no ha podido deshacer. La posible entrada de nuevos actores ha sido imposible en este esquema a menos que se alineen del lado de alguno de los bloques. La llegada de jugadores independientes no es aceptable para las partes, y el gobierno ha carecido de la voluntad política e instrumentos jurídicos para replantear las reglas del juego, de manera tal que todos tengan una parte competitiva del mercado, y que nadie pueda establecer condiciones de dominancia como hasta ahora.

Más allá de gritos y sombrerazos, amenazas y traiciones, el conflicto que hoy enfrenta a MVS con el gobierno se enmarca en esta ecuación que Calderón no pudo resolver durante el sexenio. ¿Cómo convencer a sectores dominantes que renuncien a privilegios obtenidos en el viejo régimen en su etapa nacionalista o en la tecnocrática, a cambio de una expectativa de un mercado más grande con más competidores, pero también con más consumidores que hagan altamente rentable el negocio de la convergencia tecnológica?

Por lo pronto, la solución a este complejo problema queda heredada a la próxima administración priísta. Descalificaciones verbales y recursos jurídicos son hoy sólo una muestra de que el nudo no fue desenredado, lo que ocasionó un choque de trenes ante la imposibilidad de establecer una política pública de comunicación que, desde el Estado, fijara las nuevas reglas de la competencia en todos los ámbitos. Los monopolios, públicos y privados son hoy otro de los grandes obstáculos que hacen de México un país atrasado, no competitivo y, por lo tanto, alejado de los altos niveles de productividad en los mercados internacionales. Algo que deberá atender Peña Nieto de forma rápida y efectiva.

Analista político