Opinion

Sin importar el ímpetu con que el gobierno federal enfrente al crimen organizado, no habrá avances significativos en favor de la seguridad de los ciudadanos mientras los gobiernos estatales —a cargo del 90% de las policías del país— se desentiendan de su responsabilidad en el problema.

Las pruebas están a la vista: al menos ocho entidades del país no cumplieron con las adecuaciones legales y de infraestructura necesarias para aplicar las reformas en combate al narcomenudeo que serán vigentes a partir de mañana, y que facultan a las autoridades estatales para investigar, sancionar y atender este flagelo.

En diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón asumió el cargo, había en total en el país 6 mil 489 policías federales. Hoy existen más de 36 mil, es decir, seis veces más. Eso sin contar con el empleo de decenas de miles de soldados y marinos en tareas de combate al crimen y resguardo de la seguridad pública. Se trata de todo un despliegue que en el fondo ha sido necesario no tanto para perseguir delitos del fuero federal sino en general para proteger a los ciudadanos, una tarea que compete también a las autoridades locales.

Los resultados del despliegue federal han sido variados. Mientras en algunas localidades se pide la permanencia de las Fuerzas Armadas, en otras se ha denunciado abuso de autoridad. No por nada organizaciones de derechos humanos de la talla de Amnistía Internacional y Human Rights Watch han mandado señales de alerta sobre esta merma en las garantías individuales.

El problema es que las autoridades estatales y municipales todavía no muestran los avances necesarios para valerse por sí mismas y prescindir del apoyo federal. Apenas el pasado 2 de agosto la procuradora Marisela Morales advertía que cinco entidades no proporcionaban datos completos sobre el número de averiguaciones previas que realizaban. En tanto, el activista y empresario Alejandro Martí denunció que hasta 2011 sólo cuatro de los 31 estados del país estaban en proceso de creación del mando único policial, a pesar de que existía un convenio en el interior de la Conago para implementar el esquema.

Es tiempo de que alcaldes y gobernadores, celosos siempre de su jurisdicción, actúen en consecuencia en el tema que más preocupa a la ciudadanía: la seguridad pública.