Opinion

El mundo de las telecomunicaciones se halla al alcance de la mano de virtualmente todo habitante del país. No es un coto para expertos ni para grupos de iniciados. Cada vez que vemos la televisión, utilizamos internet o hacemos llamadas telefónicas participamos, todos, en una realidad creciente y cotidiana: una revolución tecnológica que convierte a las plataformas digitales de comunicación en un referente, una presencia obligada de nuestra vida.

Los reportes que dan cuenta del patrón de gastos de las familias mexicanas revelan, cada vez con mayor claridad, que el porcentaje de los ingresos que los mexicanos dedicamos a pagar por servicios de telecomunicaciones es creciente. Para muchos casos, puede ser mayor que el que se realiza en gasolina o en ciertos alimentos. Abatir los precios respectivos se traduciría en miles de millones de pesos anuales en beneficio no sólo de la economía familiar, sino de toda la nación.

Este tema, pues, pertenece a todos, nos impacta a todos, especialmente si consideramos que los servicios de banda ancha serán cada vez más indispensables en el desarrollo del país, en todos los órdenes, lo mismo en asuntos financieros que de salud o educación. Mientras el acceso a la banda ancha aumente y sea más accesible económicamente, los ciudadanos tendremos más oportunidades de desarrollo y el país logrará índices de crecimiento más importantes.

Este tema —el control futuro del espacio radioeléctrico que albergará el desarrollo de la banda ancha— es la esencia de la disputa que ayer estalló entre una empresa particular, MVS, y autoridades del gobierno federal, y que ameritó señalamientos graves, incluso altisonantes, en ambos sentidos, que no enaltecen, antes al contrario, nuestra vida pública y democrática.

Está claro que en democracia y en un país moderno, el Estado debe ser un ente imparcial y tiene como razón central de su labor aplicar la ley y dar a cada quien lo que en justicia le corresponda. Más allá de este caso en lo particular, debe preocupar la percepción de que la autoridad se halla maniatada, vaciada de poder, por parte de actores —a los que se alude como poderes fácticos— cuya capacidad de influencia hace colocar el interés mercantil por encima del interés general.

Este caso debe servirnos para entrar en una etapa de reflexión y debate sobre el futuro de las telecomunicaciones, en el que impere la transparencia y el interés público. No hacerlo nos hará asomarnos hacia un país con un futuro sujeto a los intereses corporativos, con una autoridad famélica y una democracia sin el oxígeno necesario para madurar y dar frutos.