Opinion

Si alguno de los que habitamos el Distrito Federal o quienes transitaron por las calles de Toluca o Monterrey estos últimos meses cerráramos los ojos y recordáramos en cuántos muros y edificios vimos la foto de Peña Nieto, con el sello del Partido Verde o con el del Revolucionario Institucional, podría asegurar que no habría una colonia en la que alguien hubiera pasado por alto la saturación visual de sus espectaculares.

Sin embargo, tras la queja presentada por el Partido Acción Nacional sobre la cantidad de estos anuncios con propaganda de Enrique Peña Nieto, el Instituto Federal Electoral argumentó que no encontró violaciones a la ley y decidió darla por desechada. El PAN aseguraba que, de acuerdo con su conteo, se colocaron más de dos mil espectaculares tanto en Monterrey y Guadalajara como en el Estado de México y el Distrito Federal.

En el IFE, el debate para aceptar o rechazar la queja se movió en un péndulo balanceado en dos vaivenes. Uno que ponía sobre la mesa las pruebas presentadas por el PAN con las que pretendía comprobar la saturación de espectaculares de Peña Nieto en todo el territorio nacional. Pero que no resultó suficientemente sólido para los consejeros del instituto, quienes, por consenso, ratificaron el dictamen de la Unidad de Fiscalización, aunque éste señalaba que sólo habían encontrado 13 de los espectaculares señalados por el PAN en el periodo del 15 al 20 de abril. El péndulo también giró hacia otro lado, quizá más contundente. Porque en realidad no existe pena que perseguir, en tanto el concepto de “sobreexposición” de espectaculares, como muchos otros excesos, no está considerado en la ley electoral.

Así que la abismal diferencia entre los cálculos del PAN y los realizados por el Sistema de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos no tiene ninguna consecuencia coercitiva sobre el partido o los partidos que dispusieran saturarnos de publicidad mural. Además, el IFE indicó que no existía violación de la norma debido a que la ubicación de los anuncios correspondía a la aprobada legalmente. Poco se discutió sobre el monto que los espectaculares pudieron representar y si con ello se podría rebasar el límite de una campaña presidencial. Recuerdo una entrevista que a finales de abril dio en radio Emilio Pérez Quesada, presidente del Consejo de Industriales de Publicidad Exterior, en la que señalaba que Enrique Peña Nieto había gastado alrededor de un millón 200 mil pesos en la colocación de espectaculares en el valle de México.

El tema tendrá que ser ahora resuelto en el Tribunal Federal Electoral, pero por ahora da para estar atentos a dos asuntos. El primero, sobre la eficiencia o negligencia del Sistema de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos, ya que independientemente de que el PAN no haya entregado pruebas y fotos suficientes que indicaran la ubicación de los anuncios con los que el PRI se excedía, esperaríamos que sus reportes correspondieran, si no a mostrar cientos de anuncios colocados en las ciudades mencionadas, al menos decenas de ellos. Nos quedamos entonces con la tarea de revisar cómo funciona este sistema, cuántos recursos públicos recibe y de quién depende la información que le entregan a la Unidad de Fiscalización del IFE.

El segundo es observar las lagunas que el marco jurídico electoral tiene todavía y que hasta ahora promueve que los contendientes naveguen con tranquilidad porque la falta de regulación les permite adquirir y distribuir publicidad con muy pocas restricciones, o porque, en el peor de los casos, tendrán que pagar una multa que se cubre con recursos públicos, sin lastimar sus propios bolsillos.

Antes del siguiente proceso electoral, el aprendizaje de este caso nos remite a cubrir las lagunas legales permisivas de los excesos, auditar y revisar a detalle los trabajos de monitoreo que realizan las autoridades electorales y a que los partidos políticos destinen recursos humanos y financieros para acumular pruebas suficientemente sustentadas que eviten absoluciones inconcebibles.

@maiteazuela

Analista política y activista ciudadana