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Julián Olivas Ugalde

Propuesta contra la corrupción

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La fiscalización a nivel local y nuevas propuestas contra la corrupción.
11 de agosto de 2012

En nuestra anterior colaboración señalábamos que la verificación de la rendición de cuentas pese a los avances que ha logrado, aún requiere en los tres órdenes de gobierno de reformas y acciones para satisfacer de manera plena los deseos de la ciudadanía de contar con gobiernos responsables, transparentes, honestos, eficaces y eficientes.

Nos referimos en esta ocasión al nivel local donde existe una crítica de que en algunas Entidades Federativas, municipios y delegaciones, no se ha logrado construir un órgano externo de control que verifique a cabalidad la rendición de cuentas de estas instancias de gobierno, a pesar de la reforma constitucional que reguló a las entidades de fiscalización superior en los Estados y el Distrito Federal.

Cuáles han sido las fallas en la aplicación de estas disposiciones constitucionales; en primer lugar, se establecieron normas mínimas que deberán cubrir los Titulares de las Entidades de Fiscalización del Distrito Federal y de los Estados, como el que su periodo no sea menor de siete años, para impedir que coincidan con los de los Ejecutivos Locales y que el Titular acredite experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

Los requisitos que deben cubrir los Titulares de las Entidades de fiscalización no han sido acreditados de manera plena, ya que al momento en que las Legislaturas Locales dictaminan a los candidatos, son muy laxos para acreditar esta experiencia, lo que permite que se incorporen a esta responsabilidad personas que no cuentan con los conocimientos suficientes para ejercer la función, lo que impide llevar a cabo una fiscalización profesional que contemple la verificación del ejercicio presupuestario con profundidad y en las áreas de mayor riesgo. También se llega a designar a personas que recientemente ejercieron cargos donde manejaron recursos presupuestarios cuantiosos y que serían los obligadamente auditables, es como si a nivel federal un Secretario de Hacienda y Crédito Público fuera el nuevo Auditor Superior de la Federación. El otro problema es que ante el cambio sexenal de los Ejecutivos Locales, siempre existe la tentación de destituir, renunciar o remover a los Titulares de las Entidades de Fiscalización, con la complacencia del Órgano Legislativo.

Cuando los Legisladores exijan a los candidatos a las Auditorías Superiores Locales el cumplimiento estricto de los requisitos jurídicos establecidos y que los propios Legisladores se opongan a su remoción para respetar el plazo en el cual fueron designados, nuestro Sistema Nacional de Fiscalización se irá perfeccionando y logrará ser una instancia confiable de la verificación de la rendición de cuentas.

Comentando otro tema, en el mes de julio, después de celebradas las elecciones para renovar a nivel federal los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el Lic. Enrique Peña Nieto, candidato ganador de los conteos realizados por el IFE con una diferencia de 6.6%, ha señalado que propondrá diversas modificaciones que tienen relación con la transparencia, la rendición de cuentas y su verificación, como son la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, el ampliar la competencia del IFAI para que su actuar abarque a Estados y Municipios y crear una instancia ciudadana que supervise la contratación de la publicidad gubernamental.

Me detendré en la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción que se ha señalado atenderá quejas ciudadanas de los tres niveles de gobierno, para ello se requerirá que el Constituyente Permanente la apruebe para su incorporación en la Carta Magna de nuestro país, dotándole de autonomía constitucional.

En el diseño constitucional de la Comisión, sería conveniente se dieran varias definiciones a fin de que al momento de entrar a operar, lo haga con la eficacia y eficiencia debida, para que cumpla con sus finalidades, para ello deberá establecerse si su dirección será unipersonal o colegiada, por la agilidad de sus funciones es recomendable que una sola persona la dirija; también se tendrá que dotarla de facultades amplias para obtener información, por encima de los secretos fiscal, bancario, bursátil y fiduciario; otorgarle la posibilidad de acceder a las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos involucrados en una denuncia; concederle la facultad de integrar la averiguación previa y ejercer la acción penal ante los tribunales locales y federales en forma coincidente con la facultad del Ministerio Público, definir que cuando los servidores públicos denunciados hayan manejado recursos federales, locales o municipales mezclados, la autoridad competente para resolver los ilícitos penales sean los Tribunales Federales.

De esta forma se logrará precisar su competencia y actuación frente a otras instancias de control interno y externo y ante el Ministerio Público Local y Federal, para evitar duplicidades de esfuerzos.

Esta Comisión con un diseño adecuado puede constituirse en una instancia gubernamental en contra de los actos de corrupción en el gobierno de México en todos sus ámbitos, que disminuya la irresponsabilidad y la inmunidad de hecho que aún se presenta por parte de los servidores públicos o de cualquier persona que maneje recursos públicos de los tres niveles de gobierno.

Este tipo de propuestas siempre son bienvenidas por la opinión pública, porque demuestran una preocupación por parte de los actores políticos para atender las demandas ciudadanas aún insatisfechas y para disminuir los índices de corrupción en nuestro país que se reportan por instancias internacionales.

jaou@me.com

Maestro de la Escuela Libre de Derecho



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