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Porfirio Muñoz Ledo

Un programa para la izquierda

Ex embajador de México ante la Unión Europea. Su trayectoria política es amplia y reconocida: fue fundador y presidente del PRD, senador, di ...

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31 de julio de 2012

El espíritu público ha menester del sosiego de la verdad y el futuro del país exige la certidumbre de la legalidad. Los intereses afincados en la cúpula promueven con denuedo el borrón y cuenta nueva disolvente del profundo conflicto político que conmueve a la nación. Medios de información inducidos sostienen que nos hallamos instalados en la normalidad democrática y sólo buscan encontrar ganadores y perdedores formales, en olvido de que todos nos hallamos extraviados en las proximidades del Estado fallido.

La tarea histórica de la izquierda es en cambio transformar una realidad injusta y excluyente, mejorar las condiciones generales de vida, democratizar el poder, defender los derechos humanos y conquistar espacios para la autonomía nacional. Nuestro objetivo central ha de ser la construcción de un Estado de derecho que difícilmente puede asentarse en la aberrante desigualdad.

Las opiniones sobre las elecciones del 1 de julio han oscilado entre indignación, incomprensión y descalificación. De lo que en realidad se trata es de hallar el hilo de la legalidad perdida y restaurar en pleno principios y normas constitucionales con que dimos inicio a la transición democrática y que se deformaron por el uso escandaloso del dinero, el predomino de los poderes fácticos y la dictadura mediática sobre las conciencias.

La historia reciente comenzó en 1988, cuando una descarada y confesa manipulación, posterior a la “caída del sistema”, alteró ostensiblemente el resultado de la voluntad popular. Pese a la protesta social se instaló un gobierno de facto, con orientación radicalmente contraria al programa que había votado la gente. Paradoja que está en el origen de nuestra decadencia contemporánea.

A pesar de la tenacidad con que construimos un costoso y sofisticado aparato electoral (reformas de 1989, 1993, 1994, 1996 e incluso del 2007), la credibilidad de los comicios, la legitimidad de los gobernantes y el genuino respeto al sufragio han sido saldos pendientes de nuestro empeño de Sísifo. La percepción del fraude se ha instalado en la conciencia pública y la mampara legal en pilar de nuestro régimen de simulación.

Es preciso cuestionarse sobre la complejidad de las normas electorales por una parte y la recurrencia de la inconformidad social sobre los resultados por la otra. Pretender que se trata de obcecación y contumacia de partidos y candidatos o desconfianza atávica de la población sería un simplismo mentiroso. La verdad reside en la reiteración de la impunidad y en la indefensión de la pobreza frente al abuso creciente del dinero.

Todas las encuestas, investigaciones y revelaciones posteriores a la elección arrojan un abultado porcentaje de irregularidades que podrían conducir a su invalidación. Si no ponemos toda nuestra lucidez y energía en los medios legales de impugnación no podremos modificar ni ahora ni después los vicios enterrados del sistema político mexicano ni sus secuelas de violencia. Estaríamos consintiendo un retroceso sin fin.

Existe hoy además un despertar de conciencias y la emergencia crítica de las nuevas generaciones que rebasan con mucho el ámbito de partidos y de organizaciones tradicionales. Se trata de un ímpetu radical, ingrediente indispensable para refundar la república. Bastaría leer el magnífico texto que produjo el viernes anterior el movimiento #YoSoy132 para percatarse de una rebeldía colectiva, profundamente racional, que ha integrado con independencia un programa válido y consecuente de acción política.

La propuesta de seis puntos está acompañada por reflexiones sobre los dramas y carencias acumuladas en el país cuya lectura es obligada. Su eje conceptual es el sistema de radio y televisión como síntesis de la antidemocracia, la injusticia y la ignorancia y como arma destructiva de la integridad nacional.

Todos los cambios de envergadura que plantean exigen una nueva constitucionalidad. Esa debiera ser en adelante la plataforma de convergencia de cuantos luchamos por la edificación de una auténtica legalidad: una norma suprema capaz de regir verazmente la convivencia entre los mexicanos.

 

Diputado federal por el PT



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