Opinion

Acelerar la fiscalización es una exigencia de algunos sectores y de la opinión pública. Se discute sobre los plazos y la oportunidad política para resolver las quejas interpuestas por la presunta compra y coacción del voto, antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluya la revisión de las impugnaciones y, en su caso, emita la declaratoria de validez de la elección presidencial.

Ante este debate, me parece conveniente precisar tres cosas: 1) la fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) siempre ha sido exhaustiva; 2) los plazos para la fiscalización de las campañas electorales están dispuestos en la ley y, 3) los hechos que ha llevado a cabo el IFE para responder a los requerimientos de mayor celeridad y difusión en esa fiscalización.

Sobre la exhaustividad, es conveniente recordar que la fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) siempre ha sido profesional y apegada a la legalidad. Prueba de ello, son los casos históricos conocidos como Pemexgate y Amigos de Fox. Más aún, derivado de la reforma constitucional y legal, por primera vez en nuestra historia electoral, no estamos limitados por los secretos bancario, fiduciario y fiscal para auditar los recursos ejercidos en las campañas políticas.

Estas nuevas disposiciones han favorecido al Instituto Federal Electoral para que cuente con la colaboración irrestricta de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB). Por lo cual, la tradicional exhaustividad de esta autoridad electoral se refuerza con facultades fiscalizadoras ilimitadas.

Respecto a los plazos legales, lo primero que debe decirse es que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece que los partidos políticos y coaliciones tienen hasta el próximo 8 de octubre para entregar sus informes finales sobre los gastos efectuados en las campañas presidenciales (artículos 83 y 84) y el Instituto Federal Electoral (IFE) tendría hasta 120 días hábiles para entregar el dictamen consolidado, es decir, la autoridad electoral podría entregar los resultados hasta el mes de julio de 2013.

Sin embargo, el Instituto Federal Electoral ha sido sensible y en respuesta a los planteamientos de los partidos políticos y la opinión pública para acelerar la revisión de los informes de las campañas presidenciales, en mayo pasado, el Consejo General del instituto aprobó un procedimiento extraordinario que permitirá adelantar cinco meses las conclusiones de esta fiscalización.

Conforme a este procedimiento, el 26 de julio el Consejo General del IFE conoció el primer informe que corresponde a lo reportado en los primeros 30 días de las campañas por la Presidencia de la República. Naturalmente, el informe es público y está disponible en la página de internet.

La segunda etapa de dicho procedimiento acumulará la revisión de la información reportada hasta el 30 de mayo y se estima que el informe será presentado en la primera semana de octubre.

La última etapa incluirá el análisis de los informes finales que entregarán los partidos políticos y coaliciones el 8 de octubre. Los resultados de dicha revisión y el dictamen consolidado de esta fiscalización se difundirán en el Consejo General del instituto, a más tardar el 30 de enero de 2013. Hasta entonces será posible conocer si los partidos políticos y coaliciones respetaron o rebasaron el tope de gastos de campaña en la contienda por la Presidencia de la República.

Estos plazos de fiscalización se han pretendido vincular en el debate público generado al término de la jornada electoral, con los casos conocidos coloquialmente como Monex y Soriana, por un lado, y con los de Morena y Honestidad Valiente, por otro, en el ejercicio indebido de recursos para apoyar las campañas presidenciales de la coalición Compromiso por México y de la coalición Movimiento Progresista, respectivamente.

En el Instituto Federal Electoral comprendemos que estos casos hayan despertado gran interés en la opinión pública durante las últimas semanas. Sin embargo, debo destacar que son dos ámbitos de la fiscalización distintos: uno corresponde a los plazos e informes de fiscalización de las campañas presidenciales y, otro, las quejas por presunto financiamiento ilícito y/o paralelo en dichas campañas.

Es un hecho que nuestra democracia ha cambiado significativamente con la última reforma electoral. Ahora contamos con instituciones que favorecen mucho más la equidad en las contiendas y brindan mayor transparencia. Afortunadamente, la democracia es un sistema de reglas para respetar la voluntad de las mayorías emitida en las urnas, en condiciones de legalidad e imparcialidad. El Instituto Federal Electoral ha ejercido, sin distinción y en los extremos permitidos por la ley, todas sus facultades fiscalizadoras.

Por ello, las quejas y la revisión de los informes en materia de fiscalización, serán atendidos con celeridad, exhaustividad y con escrupuloso apego a las disposiciones legales y normativas. Pero ninguno lo resolveremos en la arena de la opinión pública ni por la opinión pública. La fiscalización es, ante todo, una auditoría basada en la ley, para respetar la legalidad y la equidad en las contiendas.

*Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE)