El dilema de los rechazados

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...
Este año 521 mil 573 jóvenes quedaron fuera de los programas de licenciatura de universidades públicas por falta de espacio. El problema afecta la calidad de vida futura de los llamados “rechazados” pero también retrasa al país en su conjunto, pues el desarrollo económico en una sociedad global como la nuestra está directamente vinculado con la preparación de su gente.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya anunció que ofrecerá más de 10 mil becas y apoyos para los jóvenes que se quedaron sin un lugar en la UNAM, la Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Se busca reubicar a los jóvenes en institutos tecnológicos, universidad abierta y a distancia o en planteles privados en el DF.
La respuesta de los gobiernos estatales frente a los movimientos de alumnos no aceptados en las instituciones públicas ha sido similar, la de ofrecerles “alternativas”. Se trata, sin embargo, de una solución a corto plazo que no evita la saturación subsecuente en las universidades ni la falta de trabajo que enfrentan los alumnos a la hora de egresar.
Exigen las instituciones de educación superior públicas mayor presupuesto y los estudiantes rechazados una ampliación de la oferta educativa. Ninguna de las dos es, por sí misma, una respuesta estructural del problema. Sí lo sería, en cambio, un esquema de vinculación entre universidades y sector productivo para que la experiencia necesaria para el trabajo se adquiera desde la propia aula. La inversión pública sería potencialmente retribuída con innovación en vez de canalizarse sólo a salarios, rubro que concentra la mayor parte del gasto público educativo en México.
Habrá que reconsiderar si debe seguir incentivándose la creación de alternativas privadas de poca calidad para carreras de alta demanda como medicina, derecho o administración cuya oferta laboral es escasa frente a la demanda.
Lo cierto es que debe hallarse una solución en la que no solamente se asegure un pupitre para todo el que lo pida, sino que la inversión del Estado en la educación de cada estudiante corresponda con el mínimo de calidad necesario para que ese alumno sea un egresado con potencial de crecimiento profesional y no solamente una persona con un título en la mano pero sin oportunidad alguna de trabajo en el área para la cual se preparó.


