Opinion

@GabyCuevas

Es cierto, si en una democracia la mayoría toma una decisión, hay que respetarla. Sin embargo, el principio de mayoría no debe traducirse en tiranía o en dominio del grupo que ostenta esa mayoría. Por el contrario, en una democracia debe haber espacio para todas las voces, pues la pluralidad política también forma la democracia.

Como bien apuntaba Kelsen, la voluntad colectiva “sólo puede consistir en la resultante o transacción de intereses divergentes”. Desafortunadamente, esa pluralidad o voluntad colectiva es inexistente en el Distrito Federal. Sobre todo ahora que los resultados de la última elección le dieron una amplia mayoría a los partidos que integran el Movimiento Progresista (Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano) gracias a las reglas electorales que todavía están en vigor.

El marco legal actual

Las reglas que determinan la asignación de los 26 diputados de representación proporcional en la Asamblea Legislativa atienden más al dominio de la mayoría que a la pluralidad política y, en consecuencia, hacen cuestionar su verdadero propósito democrático.

Estas disposiciones vienen desde 1996, año en que si bien se eliminó la llamada “cláusula de gobernabilidad” de la Cámara de Diputados, no se realizaron las modificaciones constitucionales pertinentes para eliminarla también en la Asamblea Legislativa.

Esto no sólo representa un serio desfase respecto a la evolución electoral experimentada por el Poder Legislativo Federal, sino un obstáculo para el perfeccionamiento de la democracia electoral en la capital, ya que gracias a esta cláusula se asignan diputados plurinominales al partido ganador para que tenga mayoría absoluta en la Asamblea. Con ello se generan mayorías artificiales que no responden necesariamente a los resultados electorales y se lleva al partido mayoritario a ostentar esa condición dominante, ya que desaparecen los incentivos que lo impulsarían a buscar consensos con los otros partidos políticos.

Con la intención de fortalecer el pluralismo y evitar la sobrerrepresentación, en el 2008 se realizaron algunas modificaciones al Estatuto de Gobierno con el propósito de establecer algunos candados en la conformación de la Asamblea Legislativa. Específicamente, se dispuso que ningún partido político puede obtener más de cuarenta diputados locales por ambos principios y que ningún partido puede exceder el 3% de diputados del porcentaje de la votación total que hubiese obtenido.

Aunque estas disposiciones ahí están, el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Distrito Federal han dejado de aplicar esos candados para hacer efectiva la cláusula de gobernabilidad que todavía está presente en el artículo 122 constitucional. En las últimas elecciones, por ejemplo, la coalición Movimiento Progresista ganó 38 de los 40 distritos, con lo que ya había conseguido la mayoría en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el órgano electoral permitió la sobrerrepresentación y les asignó 5 diputados más para que ocupen 43 de las 66 curules que hay en el órgano legislativo local.

Lo que viene

Para aprobar asuntos de gran relevancia, hay ocasiones en que la legislación exige la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes en el órgano parlamentario. Sobre todo, esto sucede en nombramientos que exigen el respaldo de distintas fuerzas políticas por lo delicado de las funciones que se ejercen desde distintos cargos públicos.

Pero con un resultado como el descrito anteriormente, el Movimiento Progresista estará en posibilidad de votar y aprobar por sí mismo los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Electoral y de los consejeros del Instituto Electoral, situación que pondrá en riesgo la neutralidad de los funcionarios que se lleguen a designar.

Resulta curioso que el PRD y sus partidos aliados protesten airadamente la falta de equidad y de condiciones democráticas en el ámbito federal cuando a nivel local se esfuerzan, una y otra vez, en cerrar la puerta a la representación real en los órganos de decisión de la capital del país.

Por fortuna hay una buena noticia. Con la aprobación de la reforma constitucional en materia política se eliminará la cláusula de gobernabilidad en la Constitución y, por lo tanto, se avanzará hacia una democracia verdaderamente plural en la capital mexicana.