Opinion

Este año 134 mil 704 personas presentaron el Examen Nacional de Conocimientos, Habilidades y Competencias Docentes para concursar por una plaza de maestro. De esos aspirantes, el 70%, es decir, dos de cada tres, contestó incorrectamente más de la mitad de las preguntas. La cifra es alarmante considerando que aun con esos resultados la SEP permitirá a la mayoría, 129 mil 908 candidatos, obtener una plaza o quedar en “lista de espera” para cuando otros profesores se jubilen o sean separados del empleo.

Entre los solicitantes hay quienes ya están impartiendo clases de manera interina. Por lo tanto, los estudiantes mexicanos no sólo están bajo la tutela de maestros reprobados en esta prueba, sino además de profesores que pese a ser calificados no aptos siguen en sus puestos eventuales.

El dato es consistente con los antecedentes: menos de la mitad de los más de un millón 200 mil maestros —que se calcula existen— se presentan a los exámenes de actualización del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Y de los que sí hacen las evaluaciones, el 45.9% reprueba a pesar de que previamente se le dio cursos, seminarios, talleres y diplomados de preparación.

Frente a la baja calidad promedio de los profesores en México sorprende que las evaluaciones para medir sus capacidades sean opcionales. Esto, con todo y que por medio de esos exámenes pueden acceder a estímulos salariales.

Las condiciones laborales de los maestros pueden no ser las mejores. Las aulas, materiales escolares y servicios tan elementales como agua o piso de concreto son deficientes o inexistentes en muchas comunidades del país. Sin embargo, en los últimos 12 años los profesores de educación básica en México han tenido aumentos salariales siempre por encima de la inflación, incluso en ocasiones al doble de ese indicador.

La inversión educativa no siempre obedece a criterios de eficiencia. Los normalistas realizan cada año protestas en espera de recibir plazas no como resultado de sus desempeños académicos o docentes, sino por el “derecho” que, asumen, debe garantizarles el gobierno independientemente de las necesidades de los alumnos.

Es hora de que los presupuestos vayan en paralelo a la calidad de la enseñanza y no a las capacidades de negociación política.