Opinion

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La operación está valorada en la friolera cantidad de más de 20 mil millones de dólares. La operación de fusión fue anunciada por Modelo. Anheuser-Busch InBev, controlaba en la actualidad 50,4% del capital de Modelo. Sin embargo, el control de la sociedad estaba en poder de la familia fundadora, que ostentaba 56% de los derechos de voto.

Grupo Modelo es el propietario de la conocida Corona. Anheuser-Busch ya tenía con Modelo una relación de negocios. La belga InBev heredó esa participación al adquirir la estadounidense hace cuatro años. No solo conseguiría el control total, sino que además reforzaría su presencia en América Latina. El 90% de los ingresos de la filial estadounidense de InBev se genera en la región de las Américas, donde México es además el cuarto mayor mercado en el consumo de cerveza. Corona, por su parte, es en la actualidad la cerveza importada más vendida en Estados Unidos.

Anheuser-Busch acaba de comprar la Cervecería Nacional Dominicana, por mil 200 millones. Este grado de concentración que conseguiría el propietario Budweiser y Stella Artois puede, sin embargo, plantear problemas en el ámbito de la competencia y forzar a su filial estadounidense a desprenderse de algunos de sus activos en la región si quiere alzarse con la Corona (El País, 25-VI-2012).

¿Es irrelevante la venta de Modelo para la economía mexicana? Lamentablemente no, como lo demuestran los miles de despidos mexicanos anunciados por la empresa belga-brasileño-americana.

La nacionalidad de las empresas no es irrelevante desde el punto de vista del desarrollo económico de un país, como han puesto de relieve muchos autores. Siguiendo al economista Ha-Joon Chang (23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, Debate, 2012) la nacionalidad no es lo único que determina el comportamiento de una empresa, pero si alguien ignora la nacionalidad del capital está equivocado.

Por muy importantes que sean las razones morales e históricas, la principal explicación del sesgo nacional de las empresas es económica, con diferencia: el hecho de que las capacidades fundamentales de una empresa no sean fáciles de trasladar allende las fronteras. Si una compañía se vuelve multinacional y se instala en países extranjeros es porque tiene alguna competencia tecnológica y/u organizativa de la que carecen las empresas que actúan en el país receptor. Dichas competencias suelen encarnarse en personas, organizaciones y redes de empresas relacionadas, nada de lo cual resulta fácilmente trasladable a otro país.

La mayoría de las máquinas pueden ser trasladadas al extranjero sin problemas. En cambio, trasladar trabajadores o gestores cualificados sale mucho más caro, y todavía es más difícil trasplantar a otro país sistemas organizativos o redes de negocios. En muchos casos, estas capacidades intangibles y encarnadas en personas, organizaciones y redes precisan de un entorno institucional determinado para funcionar bien. Por muy potente que sea una empresa, no puede trasladar su entorno institucional a otro país. Esto sucedió con Heineken cuando compró Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma y ya comenzó a pasar en Modelo a unos cuantos días de haberse anunciado la adquisición.

Las actividades más sofisticadas, las que requieren altos niveles de competencia humana y organizativa, y un entorno institucional propicio, tienden a quedarse en casa. Los sesgos nacionales no existen solo por vínculos emocionales o razones históricas. Su existencia tiene firmes bases económicas.

Muchos consideran algo francamente irracional rechazar las inversiones extranjeras (IDE), especialmente en los países en vías de desarrollo, como México, que no cuentan con muchas empresas autóctonas que puedan realizar inversiones parejas, aunque solo se obtengan actividades de bajo nivel, como el montaje, sigue siendo mejor recibir la inversión que no recibirla. En sí, el razonamiento es correcto, pero es necesario tener en cuenta otras cosas.

No se debe olvidar —siguiendo a Chang— que muchas inversiones extranjeras responden a la adquisición de empresas ya existentes por una compañía extranjera, en vez de inversiones en las que una empresa extranjera crea las instalaciones para empezar a producir desde cero. La mayor parte de la IDE, no consiste en producir y crear puestos de trabajo haciendo tabula rasa, sino en apoderarse de empresas que ya existen. Es posible que los nuevos dueños inyecten más capacidades tecnológicas y de gestión, pero muy a menudo estas adquisiciones se hacen con la idea de usar capacidades que ya existen en la empresa comprada, no de crear otras nuevas.

Podría ser mejor —de cara al nuevo gobierno, dentro de los márgenes de maniobra que permiten la Ley de Inversiones Extranjeras, la OMC y el TLCAN— limitar la IDE, al menos en algunos sectores, e intentar potenciar a las empresas nacionales para que adquieran credibilidad como alternativa inversora a las empresas extranjeras, sobre todo en México, cuyas empresas nacionales todavía están infradesarrolladas; a corto plazo, el país perdería algunas inversiones, pero es posible que a largo plazo surjan dentro de sus fronteras actividades de nivel más alto. O bien que el gobierno permita la inversión extranjera con unas condiciones que ayuden al país a mejorar las capacidades de sus empresas autóctonas, por ejemplo requiriendo empresas conjuntas, exigiendo una transferencia más activa de tecnologías o haciendo obligatoria la formación de los trabajadores. Así hicieron los tigres asiáticos y ahora China.

A pesar de la retórica de la globalización, la nacionalidad de una empresa signe siendo clave para decidir dónde se ubicarán sus actividades de alto nivel, como la I+D y la estrategia. No se debe rechazar por sistema el capital extranjero, pero sería muy ingenuo elaborar las políticas económicas a partir del mito de que el capital ya no tiene raíces nacionales, como lamentablemente han hecho nuestros gobernantes tecnócratas impulsados por Carlos Salinas. Ojalá la nueva administración cambie de sentido, lo que vemos difícil por el nuevo Córdova Montoya de Peña Nieto —y cachorro de Pedro Aspe—, Luis Videgaray, otro Chicago Boy.

* El autor es máster y doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM (Morelos) y socio del área de competencia y consumidores del despacho Jalife y Caballero.