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Editorial EL UNIVERSAL

Después de la certificación

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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12 de julio de 2012

Uno de los principales problemas de seguridad en México es la baja confianza de la población en sus policías. La renuencia ciudadana a denunciar los delitos y, por lo tanto, la impunidad de los criminales, sólo podrá revertirse cuando la sociedad reciba pruebas de que las instituciones del orden son de fiar.

Toma un largo tiempo e inversión transformar instancias largamente descuidadas como las policías en agencias gubernamentales profesionales. Pero también ha sido un escollo que en ocasiones los avances no sean acompañados de las medidas necesarias para hacerlos efectivos. Tal es el caso de la certificación policial, convenida desde el Pacto por la Seguridad de 2008.

De acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tras realizar exámenes de control y confianza a cerca de 200 mil elementos de los tres ordenes de gobierno, se descubrió que 40% de los policías no son aptos para laboral en una corporación de seguridad. Hay indicios de que algunos trabajan para el crimen organizado, consumen drogas o carecen de las capacidades físicas y psicológicas para realizar cualquier labor en los cuerpos de seguridad. A pesar de ello, esos policías “reprobados” siguen en sus puestos.

En el camino de la certificación han habido muchas resistencias. El primer reto fue hacer que todas las instancias federales y locales de seguridad se sometieran a controles de confianza estandarizados. Después se presentó el problema de que las evaluaciones eran realizadas de manera lenta, al grado de que hace un año 35% de los altos mandos de seguridad —procuradores, subrocuradores, titulares de seguridad pública y subsecretarios— todavía no habían sido certificados.

Ahora se tiene el obstáculo de la falta de acciones por parte de los gobiernos pese a tener diagnósticos necesarios para tomar medidas. Desde luego, un examen de confianza puede no ser suficiente para procesar penalmente a una persona, sin embargo tendría que ser un criterio válido para, cuando menos, de inmediato separar al agente de sus actividades diarias hasta en tanto se deslindan responsabilidades.

La falta de tiempo, de información o de recursos no puede ser ya un pretexto para la inmovilidad. En los tres rubros, si bien permanecen rezagos, ha habido sustantivas mejoras que obligan a gobiernos a presentar resultados.

Urge avanzar en la profesionalización de los policías, pues las Fuerzas Armadas siguen en las calles realizando una tarea, enfrentar al crimen, para la cual no están diseñadas.



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