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Editorial EL UNIVERSAL

Abusos en la frontera

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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11 de julio de 2012

La historia se repite: un caso de violencia de autoridades estadounidenses contra un mexicano que el gobierno del vecino país promete investigar, pero nada más. La muerte de un connacional en la frontera entre Tamaulipas y Texas, el pasado 7 de julio, recuerda a México que Estados Unidos no aplica en su territorio los principios de humanidad y de trato digno que pretende inculcar hacia el resto del mundo.

El gobierno mexicano, a través de la Cancillería, ha manifestado ya su rechazo por el uso de la fuerza letal de manera desproporcionada. La propia crónica de los hechos realizada por la Patrulla Fronteriza de manera oficial, instancia a la que pertenecen los agresores, revela la asimetría de fuerza: los agentes afirman haber disparado hacia personas que les lanzaban rocas. Ningún oficial estadounidense resultó herido, pero sí falleció Juan Pablo Pérez Santillán, de 30 años.

Como ha dicho la parte mexicana, cada país tiene derecho a establecer sus normas y lineamientos para controlar sus fronteras, pero éstas deben siempre estar apegadas a los derechos humanos y a los convenios internacionales. Una vida no vale menos sólo porque sea una más de las miles que se pierden en su intento de cruzar la frontera. Así como Estados Unidos ha reclamado de manera airada, y con razón, la muerte de sus ciudadanos en territorio mexicano, de la misma forma México merece respuestas.

El fallecimiento de Pérez Santillán no es un asunto aislado. Existe un clima antimigrante exacerbado reflejado en varios casos. En junio de 2010, por ejemplo, Anastasio Hernández Rojas, indocumentado mexicano de 42 años de edad, padre de cinco hijos, fue asesinado por una golpiza de la Patrulla Fronteriza de California. Semanas después un agente de esa misma instancia gubernamental, en Texas, mató de un balazo al juarense Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años. De acuerdo el FBI uno de cada 10 crímenes de odio en Estados Unidos son cometidos por un sentimiento antihispano. Hay, pues, un claro problema de racismo en ese país.

Por supuesto que deben hacerse las investigaciones correspondientes para aclarar la responsabilidad de los agentes fronterizos, pero eso no basta. Estados Unidos tiene que revisar los protocolos de acción de su personal y capacitarlo mejor. No son lo mismo peligrosos narcotraficantes que civiles enojados con rocas en mano.



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