Independientemente de las controversias que se susciten sobre la legalidad de la elección y con los números que hoy contamos, el 38% de los mexicanos empadronados o no votaron o anularon el sufragio, mientras que el ganador, Enrique Peña Nieto, logró su triunfo con 38% de quienes sí votaron, lo cual significa que esta persona obtuvo solo el 24% de votos de todo el universo electoral del país, frente a un 76% de quienes de una manera u otra lo rechazaron.

En tales circunstancias, quien va a gobernar el país tendrá en su contra a una inmensa mayoría de mexicanos que no creemos ni en el proyecto político ni en las estructuras de poder que prevalecen en México, ni en quienes a través de un sistema monopólico de partidos se han vuelto a apoderar del gobierno, a pesar del rechazo creciente hacia ellos.

Una vez que pase la euforia natural de quienes triunfaron y la frustración y el coraje de quienes fracasaron, la verdad se va a ir imponiendo en forma abrumadora para reconocer que el país tendrá que seguir sometido a un sistema que nos gobernó durante 70 años, y que fue repudiado en el año 2000, para que la “alternancia” panista refrendara todos sus males y sus limitaciones durante los últimos 12 años, en los que nada cambió, pero, eso sí, lo que se podía descomponer se descompuso, salvándose sólo la macroeconomía dictada desde el extranjero para beneficio de los grandes tiburones trasnacionales y de sus “socios” en el poder, que han sido los verdaderos ganadores en la economía mexicana, que ya perdió hasta la industria cervecera, que también quedó ya en manos extranjeras.

Otro aspecto que es muy importante tomar en cuenta es que el voto de castigo en contra del presidente y del gobierno panista fue abrumador, ya que su candidata sólo pudo obtener 25% de los sufragios emitidos, lo que significa sólo el 16% del total de posibles votantes; expulsando en forma contundente a la “alternancia” panista en razón del miedo y el coraje que embargan a decenas de millones de mexicanos por la escalada de violencia brutal, el incremento de todos los delitos del fuero común y federal y la corrupción generalizada, más la impunidad que supera el 98% de los delitos cometidos anualmente. A todo ello hay que agregarle la creciente pobreza en las mayorías nacionales, lo cual ha llevado al país a optar compulsiva e irreflexivamente por el sistema que padecimos durante 70 años a nivel presidencial y que ha continuado con sus prácticas corruptas durante los últimos 12 años y hasta el día de hoy a través de todos los gobiernos priístas estatales.

No nos queda más remedio que reconocer que el PRI no ha cambiado y sus gobernadores así lo demuestran a diario. El PAN tampoco significó transformación alguna y el PRD ni erradicó la corrupción ni las prácticas antidemocráticas donde gobernó, y por lo tanto hoy los tres partidos no son más que “más de lo mismo”.

Ahora, como consecuencia de esta elección, el pueblo tendrá que someterse al corporativismo inmoral y manipulador de los últimos 82 años, o quedará aislado o inerme frente a una maquinaria partidista abrumadora y corrupta.

El cambio sólo podrá venir cuando se aplique y sancione el artículo 36, fracción III de nuestra Constitución, que obliga a todos los ciudadanos a sufragar, para que así más de 80 millones de mexicanos tengamos que votar en favor o en contra de quienes nos quieran imponer los partidos, o por algún candidato independiente, que la ley ya permite; y en ese momento será evidente e inobjetable, si alguien tiene el apoyo mayoritario de los mexicanos, o si se expresa un repudio contundente al sistema partidista abusivo y corrupto que padecemos, pero si un gran número de mexicanos quebrantan su obligación constitucional y se niegan a dedicar una hora de sus vidas cada tres años para ir a votar y así defender a la verdadera democracia y a sus propios intereses y prefieren ser omisos e irresponsables, entonces sí ya no habría nada que hacer.

En esta nueva etapa que nos espera, es muy probable que aminoren los niveles brutales de violencia, pero lo que no es previsible es que el número desmesurado de delitos vaya a reducirse, ya que en nuestro país la justicia no existe como práctica cotidiana, puesto que sólo se da como excepción y en casos singulares, mientras la impunidad y la corrupción son abrumadoras. Sin esa justicia elemental, que garantice la diaria convivencia, la integridad personal, el trabajo y el patrimonio de cada uno de nosotros, no habrá prosperidad ni futuro para el país y para sus habitantes, que vivimos humillados y sometidos por un sistema que maneja la justicia y la seguridad como un instrumento de opresión o como dádiva del poder para aquellos que se someten y no alzan su voz, y no como un derecho incuestionable de una población libre y digna.