En mi pasado artículo, me referí al diagnóstico que sobre el desempleo y sus consecuencias hiciera el B-20 en la reciente reunión de Los Cabos. Quisiera ahora hacer referencia a las recomendaciones planteadas por el B-20 a fin de enfrentar esta problemática.

Dichas recomendaciones se resumen en cuatro fundamentales:

La primera de ellas consiste en generar políticas apegadas a la realidad local, orientadas al crecimiento económico y al incremento en la confianza de los negocios, los consumidores y los inversionistas. Lo anterior es fundamental si se considera que el empleo está en función del crecimiento económico y de una alta demanda agregada y que ambos factores están sujetos, en gran medida, a la confianza que existe entre los diversos sectores económicos.

En este sentido, el B-20 señala que restaurar dicha confianza requiere de reformas regulatorias tendientes a mejorar el clima de negocios y de realizar importantes inversiones en infraestructura.

Como segunda recomendación, el B-20 menciona la necesidad de reformar las políticas laborales para que la población busque y encuentre empleo dentro de la formalidad y se incremente la competitividad y productividad del mercado laboral. Asimismo, es indispensable impulsar sistemas de protección social sostenibles. Nuevamente, un mercado laboral sólido genera mayor certeza en los negocios para invertir y en los ciudadanos para consumir.

Por ello, las reformas deben estar orientadas en dos sentidos fundamentales: primero, incrementar las facilidades de entrada al mercado laboral a la población joven, vinculando sus beneficios sociales con la educación, el aumento de capacidades y su involucramiento con la comunidad. En segundo lugar, se busca mejorar la flexibilidad en los mercados laborales para que, en tiempos de crisis económica, los gobiernos compensen a las empresas que mantienen a los trabajadores y les permitan disminuir las horas laborales. De esta forma se asegura el empleo y se reduce la carga para los sistemas de seguridad social.

En tercer lugar, el B-20 recomendó impulsar a las pymes que tienen potencial de crecimiento, de innovación, de contribución a la comunidad y, sobre todo, de generación de empleo. Este impulso se puede lograr mediante mayor financiamiento, capacitación y asistencia para el desarrollo, la provisión de capital semilla, incentivos fiscales para nuevos negocios y la dotación de garantías para disminuir los riesgos que toman los agentes crediticios. Al impulsar a estas pymes, las opciones laborales aumentan, la economía se vuelve más competitiva, los sistemas financieros se desarrollan y se genera un vínculo sólido entre la comunidad y el sector empresarial.

Finalmente, el B-20 propuso mejorar las capacidades de los trabajadores y reducir el desfase entre el tipo y la cantidad de competencias que hoy ofrece el mercado laboral, contra lo que demandan las empresas. En este sentido, mejorar la relación entre instituciones educativas y el sector empresarial puede ayudar a diseñar una currícula adecuada a las necesidades del mercado, a la vez que facilita la entrada de las personas jóvenes. En el largo plazo, se asegura que las personas seguirán siendo productivas y se incrementa la capacidad de crecimiento potencial de la economía.

Al margen…

La elección de ayer en nuestro país fue ejemplar: hubo una alta participación ciudadana y una diferencia amplia entre el ganador de la Presidencia y el segundo lugar. Uno de los principales retos que enfrentará el nuevo gobierno será el de generar las políticas y los acuerdos necesarios con los sectores políticos y económicos de México para impulsar el empleo que nuestro país necesita para alcanzar su verdadero potencial.