La invención de leyes, del Estado y de la justicia ha sido un mal necesario. Mal porque funcionan mal. Necesario porque son necesarios. No juego con palabras ni con ideas ni pretendo ridiculizar el lenguaje. Quien juega es la realidad. México es buen ejemplo de esa realidad nada lúdica: ¿qué tanto se aplican las leyes?, nuestra nación ¿marcha bien o es un Estado fallido?, ¿funciona la justicia?

A nivel global, son pocas las naciones donde ley, Estado y justicia cumplen. Cuando el actor no es el país sino una persona las diatribas difieren. Si el tema es salud, los dilemas éticos son siempre interesantes y vívidos por fomentar la discusión. La ética médica laica estimula el disenso; por esa razón y por su universalidad es una disciplina fascinante. Un caso entre una miríada.

¿Tiene derecho la ley de evitar que una mujer con anorexia nerviosa muera por no comer? Hace poco más de una semana algunos medios informaron que un juez del Tribunal de Protección, en Londres decidió alimentar a E —nombre ficticio—, “incluso a la fuerza si es necesario”. E es una antigua estudiante de medicina de 32 años que vive en Gales y quien desde hace más de un año se niega a ingerir alimentos sólidos; de acuerdo con las fuentes, sólo bebe agua; su índice de masa corporal equivale al de una persona que pesa 33 kilogramos y mide 1.70 metros.

El juez Peter Jackson, encargado del caso, ha considerado que alimentar contra su voluntad a la enferma es válido porque, “E es una persona especial cuya vida es valiosa; ella no lo ve así en estos momentos, pero puede que sí lo haga en el futuro”. Con sensibilidad e inteligencia el juez agrega, “es la primera vez que me he planteado la posibilidad real de que un tratamiento para mantener a alguien con vida no es lo mejor que se puede hacer por una persona que, aunque no tiene capacidad para decidir por sí misma, es completamente consciente de su situación”.

La opinión del juez es docta. Él mismo considera que su conclusión no puede ser categórica. Los bretes del juez en favor de conservar la vida de E, aunque sea por la fuerza, se contraponen con la visión de la afectada y de sus allegados. E sufre trastornos alimentarios desde los 11 años y problemas de alcoholismo desde la juventud. Sus familiares no favorecen alimentarla por la fuerza y consideran que deben respetarse sus deseos, incluyendo una muerte digna. Para sus progenitores la situación se ha vuelto “imposible”.

De acuerdo con la información, la afectada es una persona inteligente. E advierte que para ella el tratamiento “es no sólo una intrusión en su cuerpo, sino una imposición a su voluntad”. La intromisión de la justicia proviene de las autoridades del municipio donde habita E; de no hacerse nada, piensan, la enferma fallecerá.

El caso E no es único. Con frecuencia la prensa informa acerca de los conflictos entre la voluntad de una persona y las leyes de un Estado. La mayoría de las veces las discusiones giran en torno al derecho o no de morir por decisión propia. En otras ocasiones exponen los sinsabores entre decisiones personales y juicios médicos. No consentir la amputación de una pierna a pesar del riesgo (certeza) de morir, no aceptar transfusiones como sucede con los testigos de Jehová, o no autorizar “ventilación artificial” son algunos ejemplos donde la razón del enfermo colide con la razón médica (y de la sociedad y del Estado).

El título del artículo, “Voluntad: persona vs. Estado”, resume el intríngulis expuesto. El embrollo se profundiza cuando se agrega el ingrediente autonomía, principio básico de la bioética, que sostiene “el respeto por la voluntad del paciente, quien en todo momento debe ser tratado como un ser humano con todos sus derechos, sin paternalismo y sin presiones de ningún tipo”. El caso E desvela el conflicto entre la voluntad de una persona libre que desea ejercer su derecho de no comer y morir, contra las leyes de un Estado que se autoerige en guardián protector de la vida de sus ciudadanos, incluso en contra de su voluntad.

La ética médica no es y nunca será una ciencia exacta. En ese rubro, (casi) nunca 1+1 es 2. Son muchas las posibilidades después de sumar. El affaire E es muy complejo. Para los libres pensadores E es dueña de su vida y tiene derecho de morir por inanición. Para los seguidores de las leyes y pautas del Estado, los jueces tienen derecho de impedir la muerte. Aunque leyes, justicia y Estado sean una realidad mala por no funcionar.

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