Décadas de desconfianza en las elecciones nos han dejado duras herencias que hoy nos hacen querer blindar al máximo nuestros procesos electorales. Mucho se ha orientado a dar certidumbre al ciudadano: la credencial con fotografía y sofisticados “candados”, la papelería electoral, los listados de votantes, la propaganda electoral, el acceso a medios de los partidos, la ciudadanización del IFE, entre otras.

Por eso no está de más que a semana y media de los comicios federales del 1 de julio los dos principales árbitros de la contienda, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación (TEPJF), firmaran un convenio más de colaboración para el funcionamiento del Sistema de Información de Elecciones Federales, como prueba de la coordinación que, aseguran, habrá el día de la jornada, pero también las semanas subsecuentes, en las que habrán de procesarse las impugnaciones que pudieran hacer los partidos.

El sistema informático acordado ayer permitirá contar con una sola base de datos y con información precisa de los resultados de todas y cada una de las casillas, de los cómputos distritales y del cómputo de todas las elecciones federales. Con ello el TEPJF conocerá de forma inmediata qué casillas fueron impugnadas y en cuáles procedieron la anulación o el recuento

Esto es vital para llevar los comicios a buen puerto, pero sobre todo para garantizar la gobernabilidad del país, pues sería inaceptable que por malos procedimientos se empañara la votación y, por lo mismo, la legitimidad de las autoridades y legisladores así electos. No hay mayor legitimidad para un gobierno democrático que la obtenida mediante el sufragio.

Que los del primero de julio sean los comicios más vigilados y controlados de la historia redundará en una mayor confianza en sus resultados, porque habrán sido los propios ciudadanos los encargados de evitar que se desvirtuara el sentido del voto ciudadano. Ello conjurará las dudas, las sospechas y los mitos que nunca faltan en procesos como éstos y que arrojan nubes de incertidumbre que el país no se merece, ni se justifican cuando cada uno de los pasos del voto pueden ser auditados y probados por todos los ciudadanos y partidos políticos.

No es tiempo de dudar acerca de la fortaleza y probidad de nuestras instituciones electorales.