Una de las características del Partido de la Revolución Mexicana fue la de aglutinar a su alrededor a todas las expresiones políticas y sociales dispuestas a subordinarse al proyecto del presidencialismo absoluto, y obtener a cambio una fracción de poder de acuerdo con su propia fuerza y capacidad organizativa. La falta de esa autoridad centralizadora a raíz de la alternancia presidencial del 2000, dispersó el control en la estructura de los gobernadores, quienes sin directriz rectora jugaron sus cartas a su libre albedrío. La consolidación de la candidatura presidencial de Peña Nieto y la percepción de que hay posibilidad real de regresar a Los Pinos, reagruparon de nuevo al priísmo en torno a la figura del candidato.

Sin fracturas ni guerras internas como en el pasado, el PRI fue recuperando la forma de partido extenso capaz de integrar en su entorno a grupos disímbolos e incluso antagónicos por el simple hecho de prometer el retorno al poder. Así, se anuló el primer conflicto que provenía de la oposición interna a Peña por parte de Manlio y, una vez rota la alianza electoral con el partido de Elba Esther, se procedió a un nuevo reparto de posiciones satisfactorio para Beltrones y los suyos. Al iniciarse la campaña de Peña comenzaron a manifestarse los sectores tradicionales de un priísmo corporativo en figuras difíciles de sostener ante la ciudadanía como el líder petrolero Romero Deschamps, o el de la CTM Gamboa Pascoe.

El viejo PRI, sin peso electoral, pero con poder interno en el partido, estaba ahí para cobrar su cuota. Lo mismo fue ocurriendo con diferentes sectores de industriales y comerciantes, quienes desde la postura de la defensa del libre mercado, la libre competencia, y la defensa específica de sus intereses, le ofrecieron apoyo a Peña a cambio de garantizarles estabilidad económica y crecimiento. Por supuesto los grandes poderes monopólicos también entraron en esta jugada en la que pretenden evitar que sus privilegios se vean afectados a partir de la próxima administración.

La expectativa de triunfo llevó a ex panistas y ex perredistas desplazados de los espacios de poder en sus partidos originales, a incorporarse al proyecto “peñista” en un intento difícilmente creíble de pintar la raya entre el PRI y Peña para evitar aceptar haber sido cooptados por la estructura del tricolor. Hasta un locuaz Vicente Fox fue capaz de manifestarse abiertamente a favor de Peña y en contra de la candidata de su partido, en aras de seguir operando su Centro Fox con recursos provenientes de la administración pública. Esta manifestación masiva de adhesiones provenientes de distintos sectores tendrá eventualmente un costo a la hora de tomar decisiones de gobierno.

Si bien los candidatos jamás cumplen lo prometido en campañas, ya sea porque ni siquiera tienen la intención de hacerlo o porque carecen de los medios para ello, aquí el problema es que se trata ya de un modelo democrático que, aunque imperfecto, no permite al Presidente actuar con la impunidad de antaño. Conciliar intereses entre los modernizadores del PRI y las viejas cúpulas corporativas, entre los dueños de los monopolios y los grupos que demandan libre competencia, entre los gobernadores autócratas y las fuerzas que demandan transparencia y controles específicos en el manejo del gasto público, exige una definición clara en donde es imposible decirles a todos que sí. Habrá que negociar, y habrá que imponer medidas que afecten intereses dentro y fuera de la estructura partidaria, a menos que el próximo presidente quiera seguir siendo rehén de factores de poder que gobiernan en su lugar y fijan la agenda de prioridades. Poderes que hacen de su proyecto particular el proyecto de país, aunque esto no beneficie a las mayorías. Este escenario es válido únicamente bajo el supuesto de que la elección presidencial no se descarrile en las últimas semanas de campaña.

Analista político