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Pedro Salazar

La telebancada

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Profesor universitario. ...

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07 de junio de 2012

No es cuestión de complots. Un senador del Partido Verde, Arturo Escobar, lo dijo con claridad: “Todos los sectores de este país deben estar representados en el Congreso mexicano, como está el sector obrero, como está el sector campesino, como está el sector magisterial, como están los empresarios”. En consecuencia, su partido apoya “a algunos actores que cumplan la afiliación partidista y que también tengan algún tipo de vinculación indirecta con grupos del sector de telecomunicaciones”. Y por si acaso, sin tapujos, remató: “Yo también soy muy amigo de los medios”. Así que, al menos en esta operación, las cartas están abiertas. El PVEM y —ahora lo sabemos— otras fuerzas políticas de todos los colores e ideologías han decidido colocar personeros de las televisoras en el Congreso. Para el senador Escobar se trata de una decisión positiva que nos ayudará a tener “un Congreso más plural y mejor representado”. No sé lo que entienda Escobar por esos conceptos, pero sí sé que no los entiende en clave democrática.

Valga una premisa teórica con sustento histórico: no todas las formas de representación política son compatibles con la democracia. Si en un parlamento se representan los estratos sociales tendremos una representación estamental, no democrática. Y si los que están representados son los sectores o las corporaciones —como defiende el senador— tendremos una representación corporativa, tampoco democrática. La confusión es particularmente grave cuando proviene del vocero de un partido político, porque ésas son las instituciones diseñadas para evitar que los estamentos o las corporaciones se apoderen de los órganos legislativos. La representación democrática se verifica cuando los ciudadanos —no los empresarios, no las televisoras— eligen a otros ciudadanos —no a los empleados de una corporación— para que representen sus intereses en esas instancias plurales llamadas parlamentos. Ciudadanos que representan a ciudadanos; no empleados que representan a sus patrones.

Por eso, cuando los partidos colocan en las listas de representación proporcional o en las fórmulas para el Senado a personeros de los medios minan a la democracia. No sólo porque corrompen a la representación democrática, sino también porque desprestigian a los mecanismos electorales ideados para inyectar pluralidad política al Congreso. También en esto es falaz la lógica del senador: la pluralidad que debe representarse en una democracia es la de los idearios, aspiraciones y proyectos ciudadanos; no la de los poderes económicos o ideológicos. Ahora bien, si debemos tomar las palabras del senador como una confesión y constatar que su partido y su principal aliado operan bajo lógicas corporativas, no hay nada que objetar. La vocación democrática de ambas organizaciones es altamente dudosa. Pero, para sortear la vieja falacia realista (que induce a confundir planos), vale la pena recordar que una cosa es la “cruda realidad” en la que nos tienen atrapados y otra son los postulados de la democracia a la que aspiramos. Y, por fortuna, hoy en México ya no es tan fácil vender gato por liebre.

Por eso debemos celebrar que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y la Coalición Ciudadana de Medios y Democracia señalen a los personeros de los medios que aspiran al Congreso de la Unión. Por lo menos podremos identificarlos para no votarlos. Y que quede claro que el rechazo no está dirigido a sus personas o biografías, sino a lo que representan. Técnicamente hablando. Su misión legislativa es la de capturar al Estado: aspiran a ser legisladores para defender los privilegios de sus corporaciones, para impedir la aprobación de una Ley de Medios moderna, para neutralizar a los órganos reguladores. Asistimos a un asalto desde los poderes ideológicos y económicos —amalgamados en las telecomunicaciones— sobre el poder político. Y tal vez el senador no lo sepa, pero la teoría también dice que cuando los poderes se fusionan la libertad se esfuma.

 

Investigador del IIJ de la UNAM



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Editorial EL UNIVERSAL Civilidad electoral


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