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Andrés Lajous

Las opciones de Atenco

Andrés Lajous es maestro en planeación urbana por el Massachusetts Institute of Technology y activista político. Actualmente e

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25 de mayo de 2012

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Es difícil pensar que en esta campaña electoral las violaciones de derechos humanos en Atenco no fueran parte de los cuestionamientos a Enrique Peña Nieto. En las ocasiones en las que se le ha preguntado por los hechos, el candidato del PRI insiste en su responsabilidad personal en el operativo que resultó en el enfrentamiento, y lo que dice fue el legítimo uso de la fuerza por parte del Estado. Sin embargo, en lo que define como su responsabilidad no incluye las violaciones a derechos humanos, a la libertad de expresión, y la impunidad de las autoridades que fueron autores materiales de los hechos.

El 3 de mayo de 2006, después de una negociación en la que el subsecretario de gobierno del Estado de México permitió a un grupo de floricultores instalarse afuera de un mercado en Texcoco, inició la confrontación entre vendedores de flores y policías.

No queda claro por qué la autoridad municipal y después la autoridad estatal no reconocieron el acuerdo al que habían llegado los vendedores con el subsecretario de gobierno. Cuando estos vieron que no les permitirían poner sus puestos, recurrieron al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierras (FPDT), una organización que había participado en las protestas en contra de la construcción del aeropuerto en Texcoco, para presionar a la autoridad.

En la mañana de ese día hubo un primer enfrentamiento. Como la policía demostró tener más fuerza, lograron que los comerciantes y los integrantes del FPDT (quienes se defendían con palos y machetes) se replegaran hasta quedar encerrados en una casa. La policía no sólo se enfrentó a los manifestantes, también a periodistas: “Un policía(...) gritó que agarraran al de la cámara y lo señaló, por lo que como 10 policías lo tiraron al piso y lo empezaron a patear(...) e intentaron quitarle su cámara”.

Mientras esto sucedía otros integrantes del FPDT y habitantes de Atenco bloquearon la carretera Los Reyes-Lechería exigiendo las liberación de tres detenidos que llevaba la policía. En el bloqueo pararon a las patrullas que llevaban a sus compañeros, los liberaron y retuvieron a los policías que los custodiaban. Continuó el bloqueo, aunque la policía detuvo a las personas que estaban pertrechadas en la casa en Texcoco frente al mercado, incluyendo a los líderes del FPDT.

De estos primeros enfrentamientos, los heridos, tanto de la policía como de los inconformes, tienen lesiones típicas de la mala capacitación y planeación policiaca y de los ataques de los manifestantes. En casi todos los casos hubo abusos durante las detenciones, pero aún no se presentaba la saña que definiría la represión del día siguiente.

Esa noche, en un reunión que duró tres horas y media, en Texcoco, se reunieron Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del estado, Humberto Pérez Treviño, su Secretario de Gobierno, y otros funcionarios estatales, con funcionarios de agencias federales de seguridad.

Ahí definieron la naturaleza del operativo policiaco que al día siguiente levantaría el bloqueo de la carretera, y liberaría a los policías retenidos. Lo primero lo lograron en 20 minutos la mañana siguiente, y los policías retenidos fueron liberados voluntariamente por los pobladores de Atenco (incluso a uno lo llevaron al hospital porque estaba herido).

Sin embargo, encabezadas por la policía estatal, las fuerzas de seguridad entraron a Atenco, allanaron casas, y siguieron deteniendo gente, y al hacerlo les pusieron sendas golpizas que nada tiene que ver con el Estado de Derecho: “Se observa cómo dan alcance a una persona, la cual es tirada y posteriormente golpeada por 31 elementos con sus toletes”.

Según la Suprema Corte los operativos resultaron entre otras violaciones de derechos, en la violación al derecho a la vida (dos muertos), 31 agresiones sexuales, agresiones físicas y lesiones a la mayoría de los casi 200 detenidos, y la violación a la libertad de expresión.

Cuesta trabajo no preguntarse si en aquella reunión el entonces gobernador no se preguntó si habían otras soluciones; si no podían llegar a otra forma de negociación o castigo, que no incluyera continuar con el uso desmedido de la violencia.



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