cartera@eluniversal.com.mx

Hace un año nos sentimos fuertemente amenazados por el fuerte incremento en el robo de combustibles a Pemex en tan solo unos meses.

En ese momento, con datos referidos al ejercicio de 2010, nada menos que 4.9 millones de barriles de crudo extraídos de tomas clandestinas, de las cuales fueron clausuradas poco más de 200, en distintas entidades del país, produciendo un daño irreparable a las finanzas públicas de la paraestatal y en consecuencia a la Nación.

Mucho se dijo de la alarmante situación y, tanto los reportes oficiales como los comentarios informales de los funcionarios responsables, nos hicieron pensar que se tomarían cartas en el asunto y habría acciones contundentes para frenar el saqueo del que estaba siendo víctima la paraestatal más importante para la estabilidad económica y el desarrollo de México.

A partir de los reportes más recientes, discutidos ya en la Cámara de Diputados el pasado mes de abril, lo de hace un año pareciera no ser ya tan relevante, porque el incremento tanto de tomas clandestinas como de barriles extraídos es absolutamente grotesco, como también los discursos parlamentarios de golpes en el pecho, que, por supuesto, no han servido para ponerle fin al saqueo.

El robo pasó de 4.9 a 6.8 millones de barriles en el 2011, o sea, un incremento del 38% con respecto al ejercicio anterior y cerca de un 100% de tomas clandestinas, un total de 419 reportadas de manera oficial.

Salvo que ahora se resaltó una mayor variedad de actividades ilícitas —ni más ni menos que crimen organizado— involucradas en esta problemática, ya consolidada como toda una industria ilegal, de ganancias multimillonarias, pues alrededor de ella gira no solo la extracción y el robo, sino también la adulteración y la comercialización de diversos productos.

Como es de imaginarse, se multiplicaron las declaraciones sobre la necesidad de incrementar la vigilancia, repensar las medidas de seguridad, elaborar una estrategia para combatir estos hechos delictivos, involucrar a más instancias gubernamentales y hasta incorporar avances tecnológicos de punta (o sea las cámaras de video vigilancia más avanzadas que se pudieran comprar así como detectores de calor) para prevenir, identificar y sancionar a los responsables de estos robos.

¿Hasta dónde llegará la cadena de complicidades, dentro y fuera de Pemex, que pareciera serles muy fácil a los delincuentes organizados ubicar los estados de la República, los tramos de los oleoductos más propicios y menos vigilados y saber bien a bien qué hacer, cuándo, cómo y dónde, pues, que en vez de que se reduzcan estos incidentes se han, según el caso, hasta duplicado?

Ya se tipificó el robo de combustibles como un delito grave. No se puede negar que es un avance, sin embargo, mientras no se detenga, se procese y se sancione de manera efectiva a los responsables y se termine con este saqueo a la empresa pública más importante del país, lo mismo da si el delito es considerado grave o si se le compara con el robo a los dulces de un infante.

Vaya desafío el que significa enfrentar al crimen organizado en el robo de combustibles.