Aunque la decisión haya sido acertada para la organización electoral, consolidar todas las elecciones en un solo domingo ha hecho que todas las campañas queden subsumidas en la presidencial; y es que, con la muy modesta excepción de las que buscan el gobierno de las entidades, el resto de las candidaturas federales y locales aparece más bien como telón de fondo de la disputa principal. Pero la competencia por el dominio del Poder Legislativo federal no es cosa trivial, ni tampoco la presencia que conquisten las distintas banderías en los estados y en los municipios. De modo que mientras arriba se pelea con elegancia por el Ejecutivo federal, abajo se patea y se muerde en las zonas más oscuras del sistema por ganar cada distrito y cada ayuntamiento.

Dicen los enterados que la disputa por el Congreso federal habría sido, quizás, la razón que llevó a torturar las cifras en las elecciones del 88; que Salinas de Gortari habría ganado la elección presidencial, pero su partido habría perdido la mayoría en las cámaras legislativas, cosa que en aquella época hubiera sido una hecatombe para el régimen. Nadie sabrá jamás si esa versión es cierta. Pero sí sabemos que en el 2012 la distribución del Poder Legislativo —tanto en el terreno federal como en los estatales— podría determinar el curso del gobierno en su conjunto. No sólo por la capacidad del siguiente presidente para promover con más facilidad cambios constitucionales (como los que tenía en mente Salinas en aquella época) y modificar leyes sin demasiadas restricciones, sino por el predominio político que supone la adición de puestos públicos en cualquiera de los escenarios.

En este sentido, si las encuestas disponibles están hechas con honestidad —y todavía no cuento con ninguna prueba en contrario— los números que hoy tenemos a la vista no sólo le darían el triunfo a Peña Nieto sino que, además, podrían otorgarle la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y un cómodo dominio en la de senadores, además del renuevo de la vieja hegemonía priísta en la mayor parte de las entidades del país. Y aunque el voto diferenciado ya forma parte de nuestra cultura electoral, los datos publicados nos están diciendo que esos votos todavía no alcanzan para asignar triunfos diferentes entre el Ejecutivo y el Legislativo: si alguien gana uno con márgenes muy amplios, lo más probable es que también se lleve la mayoría en el otro.

Comprendo que, a diferencia de elecciones anteriores, en esta ocasión la disputa se inició con la posibilidad cierta de que cualquiera de los tres grandes partidos se alzara con la Presidencia y asumo, además, que en estricto rigor lógico esa posibilidad —aún difícil y controvertida— sigue vigente. Pero creo que los partidos que están retando a Peña Nieto tendrían que hacer un esfuerzo estratégico mayor por evitar que el PRI obtenga la mayoría absoluta en el resto de las elecciones. Concentrados en la elección presidencial, están perdiendo tiempo y recursos para construir el liderazgo de la oposición y los contrapesos necesarios al gobierno que vendrá. No se está jugando una sola silla, sino centenas de lugares en el Legislativo y, sobre todo, el equilibrio de las fuerzas políticas ya consolidadas durante los próximos seis años.

Y creo que esto es especialmente cierto para las izquierdas. Si bien no descarto la posibilidad de que AMLO consiga subir en las preferencias agregadas, las opciones de éxito de los partidos que lo apoyan en el resto de las elecciones son mucho menores, pues deben enfrentar tanto al aparato que respalda a Peña Nieto como al del gobierno federal que apoya al PAN, al mismo tiempo. Y hasta el día de hoy —con excepción de las contiendas por los ejecutivos estatales— toda su estrategia parece concentrada en ganar la Presidencia. Y de seguir así, si bien todavía puede ocurrir un milagro electoral, también puede ocurrir una tragedia: que al haber apostado todo a uno solo, al final se queden al margen del tablero.

Investigador del CIDE