Opinion

Una de las características del viejo sistema hegemónico era la presencia de amplias mayorías parlamentarias designadas por el presidente en turno y que aprobaban todo aquello que el Ejecutivo federal ordenaba. Los gobernadores de los estados respondían igualmente a esta lógica centralista y por lo tanto carecían de influencia sobre diputados y senadores de sus respectivas entidades. El poder sin límites del primer mandatario generaba las llamadas cargadas ideológicas, en donde a la orden de expropiar los bancos, la unanimidad se hacía presente, al igual que en el momento en que se tomaba la decisión contraria al privatizarlos en beneficio de los amigos del presidente.

Este fue el presidencialismo absoluto que desapareció con la democratización del sistema político a partir de 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y la fuerza del presidente comienza a dispersarse sin orden ni proyecto alguno. Esta fue sin duda la gran falla del proceso democratizador en México. Se le quitó poder al Ejecutivo y no se diseñó un nuevo andamiaje jurídico político que generase equilibrios racionales y operativos. A partir de este caos, las “libres fuerzas del mercado político” hicieron de las suyas trasladando el poder a los estados y sus mandatarios y a un Congreso fragmentado y sin reglas para operar eficazmente.

Así transcurrieron casi 15 años de inercia democrática, y hoy a unos días de la elección, la posibilidad de regresar al modelo de un partido con mayoría absoluta en el Congreso se plantea como viable. Es cierto que imaginar un retorno al pasado parece imposible, además de que los cambios constitucionales requieren de mayorías calificadas que ningún partido por sí mismo podría obtener. Sin embargo, en el caso de que un eventual triunfo de Peña Nieto se combine con una mayoría priísta en diputados y senadores, sumado al triunfo en otras entidades en competencia, se estaría construyendo una nueva aplanadora tricolor distinta a la anterior por carecer de los amarres que el viejo sistema mantenía en manos del presidente.

Se podrá argumentar que es ésta una decisión democrática y como tal hay que asumirla. Sin embargo, no podemos hacer caso omiso de que seguimos careciendo del tinglado jurídico–político necesario para que los equilibrios de poder impidan los excesos de aquellos que, percibiéndose como mayoría, puedan actuar al margen de la responsabilidad propiamente democrática e incluso de la ley. Imaginemos cacicazgos como los de Coahuila, Tamaulipas o Hidalgo, fortalecidos por la presencia de un presidente priísta al que no necesariamente se deban someter, más el poder que les dan sus diputados y senadores dependientes del gobernador.

La deuda de los estados, legítima o mal habida, podría incrementarse sin control y la capacidad del poder central sería insuficiente para controlar este fenómeno. Por supuesto que cualquier presidente quisiera tener una mayoría partidaria para no tener que depender de la negociación con los opositores. Pero en el caso mexicano, sin la existencia de reglas para la operación de un presidencialismo democrático, la ausencia de mayorías parlamentarias se traduce en parálisis, y la presencia de éstas podría generar una presión excesiva y sin control por parte de gobernadores y legisladores sobre el propio presidente.

Es por eso indispensable arrancar el próximo sexenio con la postergada reforma del Estado. Para el Poder Ejecutivo, independientemente de su signo partidario, resulta indispensable recuperar facultades propias de un presidente en un régimen democrático y reducir la capacidad de chantaje por parte de los gobernadores convertidos hoy en virreyes sin contrapeso alguno. Se trata de un nuevo pacto federal como condición previa para iniciar con el resto de las reformas que el país requiere. De lo contrario seguiremos viviendo en un país sin posibilidad alguna de tomar decisiones de fondo, y con un presidente rehén de otros poderes, incluso si tiene mayoría en el Congreso.

Analista político