Opinion

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Desde que en los 90 México comenzó a abrirle la puerta a las inversiones privadas foráneas en algunas áreas específicas del sector energético, importantes inversionistas europeos pusieron sus ojos en el mercado mexicano y actualmente las pretensiones de diversificar los portafolios de activos han dejado de centrarse en Asia y Medio Oriente. Incluso, a pesar de las crisis de 1994-1995 y la de 2008-2009, ha sido posible financiar importantes proyectos, donde participan el sector público y el privado.

El beneficio ha sido mayor para los inversionistas privados en el corto plazo, no rara vez bajo el manto de sospechas sobre actos fraudulentos o corrupción. Muchos de los resultados en el largo plazo del beneficio de estos proyectos están por verse y se especula que estarán vinculados al crecimiento económico, mercados de capitales, disponibilidad de financiamientos competitivos y mayor competitividad de bancos mexicanos.

El debate sobre los modelos de inversión público privada ha tardado largo tiempo y ha llevado a diversas reformas, tanto constitucionales como reglamentarias. Con todo y la estabilidad de los indicadores macroeconómicos en México, de poco servirá la flamante Ley de Asociaciones Público Privadas en esta materia, mientras la iniciativa privada apueste a la ganancia rápida, basada en mitos y tradiciones sobre la forma de hacer negocios en México.

Ahí están los casos de los esquemas de inversión que se emplean para líneas de transmisión, subestaciones, plantas hidroeléctricas e infraestructura de repotenciación, donde la banca privada asume el riesgo de pago de la CFE y el inversionista privado lo hace sólo cuando es el responsable de operación y mantenimiento durante el tiempo que dure el contrato. O el caso de proyectos de cogeneración de energía eléctrica que ha licitado Pemex, donde la amortización del capital principal supera el 80%.

La idea de la asociación público privada, en el sector energético, para el financiamiento de su expansión, la innovación y la mejora en la calidad de los productos y servicios, debe ser más que la extensión de la contratación externa, debe incluir la unión de responsabilidades y asunción de tareas, más allá de la simulación de la competencia a través de licitaciones, por más internacionales que sean, y lograr condiciones óptimas de beneficio, pero con énfasis en el beneficio social, no sólo en el beneficio de unas cuantas empresas privadas, cuya voracidad y rapacidad va quedando cada vez más al descubierto.