Opinion

La semana pasada, el Tribunal Electoral recibió el medio de impugnación número 100 mil. En el año 1996, cuando este órgano se incorporó al Poder Judicial de la Federación, difícilmente hubiéramos podido imaginar que alcanzaríamos esta cifra histórica en menos de 17 años.

Hubo años en la última década de los noventa en los cuales se recibieron menos de 500 medios de impugnación. Sin embargo, la demanda de justicia ha crecido a tasas exponenciales, de manera que ahora se reciben decenas de millares por año. Los magistrados actuales (noviembre de 2006 a la fecha) hemos resuelto tres de cada cuatro asuntos en la historia del Tribunal.

En forma evidente, este incremento se explica por una creciente confianza en el derecho y la razón, como vías para dirimir conflictos político-electorales. A diferencia del México del pasado —aquel en el que la competencia por el poder político se dirimía a través de la negociación y la movilización— hoy necesitamos de un aparato de justicia electoral eficaz, que pueda procesar las diferencias a través del derecho.

Pero hay otra serie de factores, no tan obvios, que contribuyen también a explicar por qué ha crecido tanto la demanda de justicia electoral. Se trata de componentes de la evolución democrática mexicana que han encontrado soporte en las sentencias del Tribunal y, por ende, han motivado la centralidad que hoy ocupa la institución. Menciono algunos.

• Uno. La demanda de justicia electoral crece en forma constante, incluso en años en que decrece la cantidad de cargos a elegir.

• Dos. El distanciamiento arriba señalado se explica porque ocho de cada 10 asuntos que recibe el Tribunal son promovidos por ciudadanos que consideran violados sus derechos político-electorales. A diferencia de lo que se pensó en el pasado, no son los partidos ni los candidatos quienes impugnan con mayor frecuencia.

• Tres. En los años noventa, casi todos los juicios ciudadanos controvertían asuntos relacionados con la Credencial para Votar, pues eran los años en que se estaba afianzando el Listado Nominal.

Hoy esa tendencia ha cambiado. La mayor parte de las demandas ciudadanas son promovidas por militantes de los partidos, quienes combaten actos de sus propios institutos políticos. Este año, por ejemplo, dos de cada tres resoluciones del TEPJF han sido sobre asuntos intrapartidistas: PAN (85%), PRI (9%), PRD (5%) y los otros partidos políticos nacionales (1%).

• Cuatro. Contrario a lo que uno podría esperar de un tribunal con jurisdicción federal, buena parte de las demandas que recibe no combaten actos de la autoridad administrativa federal en la materia. De 2006 a la fecha, el Tribunal ha recibido 3,500 juicios de revisión constitucional, contra actos de las autoridades electorales de los estados. Esta cifra es 60% superior a la cantidad de apelaciones que ha recibido contra acuerdos del IFE.

• Cinco. Inclusive en lo que respecta a los recursos de apelación promovidos contra actos del IFE hay tendencias importantes. Como resultado de la reforma electoral 2007, los medios de comunicación electrónicos adquirieron responsabilidades en la trasmisión de mensajes político-electorales, por lo que el Tribunal Electoral reconoció su derecho a promover los medios de impugnación necesarios para su defensa. En consecuencia, casi un tercio de los recursos de apelación recibidos son promovidos por concesionarios y permisionarios.

• Seis. Es cada vez más nítida la contribución del Tribunal Electoral en el control constitucional. Ello, no sólo por las 80 opiniones que le han sido solicitadas por la Suprema Corte en acciones de inconstitucionalidad. También por las 27 sentencias emitidas por el propio TEPJF en las que ha inaplicado, para el caso concreto, alguna norma por considerarla contraria a la Constitución.

En conclusión, un crecimiento inusitado de la carga jurisdiccional, más demandas presentadas por ciudadanos, mejor soporte a la competencia política local y nuevos actores defendiendo sus derechos. Con esas tendencias, el Tribunal Electoral arriba a sus primeras 100 mil demandas.