Opinion

Pedí la palabra por el tratamiento que se dio en el Senado en estas horas al tema fundamental para este período que han sido los derechos humanos, no pude hablar porque se "agotó el tiempo", pero esto es pare de lo que me proponía expresar en tribuna.

En este sexenio la mayoría de la población ha sufrido violaciones de sus derechos humanos usándose como excusa la llamada guerra a la delincuencia organizada o al narcotráfico que ha servido de cobertura a la militarización del país y su terrible secuela de asesinatos, desapariciones y terrorismo de Estado. Frente a ello han surgido, además de los movimientos que tenemos mas de 30 años reclamando justicia, especialmente por los desaparecidos durante la represión política contra la disidencia en nuestro país, nuevos movimientos de familiares de víctimas de la llamada guerra contra la delincuencia que encubre la militarización y ahora esta masiva violación de derechos humanos no exclusiva contra disidentes políticos o luchadores sociales, sino contra amplios sectores de la población. Que estos crímenes no sean la mayoría de las veces parte de una represión política, no quita la responsabilidad de la autoridad.

El inicio esta guerra responde a una decisión política de un gobierno deseoso de encontrar una legitimidad y apoyo diferentes a los que se originan del voto popular. El clima de violencia, miedo, falta de solidaridad que crea la militarización tiene un efecto de control social y de "limpieza social" cuando resulta que la mayoría de las víctimas de esta guerra son pobres, jóvenes y mujeres, estigmatizados como delincuentes, sicarios o narcos. El miedo estimula o busca justificar los llamados a más represión, control militar o policiaco, reformas legales que incrementen penas y venganza en vez de justicia.

Siendo diferentes los casos derivados de la represión política contra la disidencia como los desaparecidos que reclamamos, de los casos actuales de la llamada guerra contra la delincuencia, hay puntos de continuidad: salvajismo, crueldad y cinismo que vemos en la actualidad están cobijados por la impunidad que ha prevalecido desde entonces.

Los responsables de aquellos crímenes mueren ya de viejos o envueltos en la violencia donde siempre se condujeron sin que jamás hayan sido juzgados por los delitos y crímenes de lesa humanidad que cometieron.

Las víctimas de sus crímenes, asesinados o desaparecidos, a veces sin que se sepan siquiera sus nombres y sin que se establezca la verdad sobre su paradero los criminales sienten que se aleja para ellos cualquier preocupación de que algún día tengan que responder por lo que hicieron y hoy hacen. Porque además conviven y sienten complicidad con aquellos actores y testigos de crímenes del periodo anterior.

No todos están muertos o son viejos decrépitos retirados, muchos siguen entre osotros, activos o silenciosos; guardando los secretos que atesoran y enseñando con su cinismo a los nuevos torturadores y criminales sus métodos, haciendo hipócritas reconocimientos a víctimas que ayer calificaron de sicarios u ofreciéndoles dinero como reparación por los "daños colaterales" cometidos por el Estado en la "lucha contra la violencia". La complicidad no se limita a los que fueron gobierno, sino a los que no lo eran entonces pero que desde la "iniciativa privada" prestaron sus ranchos y propiedades, apoyaron y cooperaron económicamente a brigadas que de blanca no tenían mas que el nombre pero completamente manchadas de sangre. Aunque las circunstancias históricas y políticas son distintas las violaciones a los derechos humanos son las mismas.

Por lo que afirmo que problema es de responsabilidad y voluntad política y no simplemente de nuevas leyes. Los crímenes de lesa humanidad lo son desde antes y los derechos violados de las víctimas son derechos sin necesidad de reagruparlos y "volver a reconocerlos". Es como el protocolo que anunció un par de días atrás el gobierno federal donde dice, después de 5 años de militarización, que los soldados no deben disparar a los que pasan por un retén!!!

Ejemplo de lo que quiero decir es la aprobación de la Ley de Víctimas y la negativa a discutir y aprobar los dictámenes que presenté sobre la Ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas y una ley para establecer una Comisión de la Verdad.

Antier el Senado aprobó La Ley General de Víctimas que establece varios derechos, muchos de los cuales ya son reconocidos por la Constitución y los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México no sólo forma parte, sino que su contenido normativo es obligatorio a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Aún así, no deja de ser importante que se compilen en un sólo cuerpo legal para que la autoridad comprenda mejor -algo que lamentablemente casi nunca hace- a lo que está obligada en sus relaciones con las personas a las que debe proteger.

La reiteración de los derechos que las víctimas tienen ya en diversas disposiciones de nuestro orden jurídico en un solo texto resulta revelador de la terrible realidad que se pretende remediar. ¿Por qué razón antes no se respetaban esos derechos? ¿Por repetirse en una nueva ley la autoridad -ahora sí- los va a respetar? Basta revisar el texto del artículo 7º para darse cuenta de lo anterior.

¿Acaso por reiterar las obligaciones que la ley impone a los órganos de procuración e impartición de justicia ahora si las van a cumplir cabal y honestamente.

El artículo 129, donde se expresan los deberes de todo servidor público muestra del grado de podredumbre y corrupción de la autoridad porque se le impone el deber a dichos servidores públicos, como si no lo tuvieran, de abstenerse de solicitar o recibir, por parte de las víctimas o de sus representantes, gratificaciones monetarias o en especie, dádivas, favores o ventajas de cualquier especie.

El cumplimiento de esta ley está encomendado a las mismas autoridades que violan derechos, que se niegan a atender a las víctimas, que simulan que cumplen con su función, que se coluden con los criminales para lograr su impunidad; Insisto: ¿Acaso por establecer -otra vez- en una ley lo que deben hacer ahora sí lo van a cumplir?
Un derecho fundamental reconocido en la ley es el derecho a la verdad. ¿Quién hará efectivo ese derecho? ¿El ministerio público? Cualquier víctima podrá dar cuenta del calvario que significa acudir a una agencia del ministerio público a presentar una denuncia. La ley en su artículo 27 deja al Estado la lbertad establecer el instrumento legal para hacer efectivo ese derecho. La realidad es que la eficacia del derecho está siendo negada, pues una facultad discrecional no obliga a nada y el Estado no se ocupará en respetarla.

La inocuidad deliberada con la que se envenenan muchos aspectos de la ley va acompañada de la negativa a discutir otras dos propuestas que buscan detener y corregir el autoritarismo, así como evitar la impunidad de aquellos que violan y han violentado derechos humanos; me refiero a las iniciativas por las que se expiden la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas y la Ley que crea la Comisión de la Verdad para los Crímenes de la Guerra Sucia en México.

Aprobar ambos ordenamientos no sólo es un imperativo legal derivado de los tratados internacionales de los que México es parte y de la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la recomendación de la ONU, sino que los mismos permitirían establecer auténticos instrumentos, más alejados del poder público, para remediar la desaparición forzada de personas y acabar con la impunidad que desde hace 44 años ha arropado a servidores públicos que cometen delitos en contra de personas. Para mí, está claro que la intención es privilegiar normas que representan avances a medias, que resultan inofensivos para el poder corrupto que violenta derechos y en cambio se desdeñan instrumentos legales que podrían ayudar a la efectiva erradicación de prácticas autoritarias como la desaparición forzada y evitar la impunidad del pasado, que es la fuente que alimenta a la impunidad que nos agobia en el presente.

No son temas que no se discutieron y aprobaron por carga o atraso legislativo sino por una decisión y responsabilidad políticas asumidas por la actual mayoría parlamentaria que optó por ocultar y solapar las responsabilidades de las partes, cubriéndose con el manto de la complicidad mutua y en cambio pretender que se honra el compromiso con las víctimas con una recopilación de derechos ya existentes pero en un instrumento sin filo para lograr la justicia. Una mera declaración que unánimemente acordada sirva para hacer creer a las víctimas que habrá justicia cuando los instrumentos para hacer efectivos esos derechos se desechan.

Por suerte con el despertar popular reclamando sus derechos y justicia, esperamos ya pronto termine lapesadilla que hemos vivido estos años de violencia y militarización.

Dirigente del Comité Eureka