Opinion

El 19 de abril pasado, de manera súbita e imprevista, un grupo de 16 Senadores del PRI presentó un proyecto de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica. El asunto llama la atención pues esta ley tuvo en mayo de 2011 cambios muy importantes, que fueron objeto de un largo y penoso proceso legislativo que duró varios meses y que, en su momento, fueron festejados por legisladores, autoridades y empresas como un parteaguas para fortalecer las condiciones de competencia efectiva en nuestro país.

Sorprende más la velocidad del trámite legislativo. En menos de una semana la iniciativa fue dictaminada por dos comisiones, votada por unanimidad en el pleno y enviada a la Cámara de Diputados. Al momento de escribir esta nota, hay indicios ciertos que la iniciativa podría ser dictaminada y aprobada por los diputados en la última sesión del periodo. Así, en unos cuantos días y sin mayor discusión, el Congreso podría haber aprobado reformas a una Ley, mientras que, durante meses, ha sido incapaz de aprobar otras —por ejemplo la de Amparo— cuyos plazos para expedirlas han sido violados. ¿Cómo explicar este súbito celo de los legisladores en una materia tan compleja y delicada?

Una mirada rápida a los cambios ofrece pistas. El resultado de las negociaciones de las reformas de 2011 generó un modelo que supone una clara y tajante distinción entre el proceso de investigación, que corresponde de manera exclusiva en la Secretaría Ejecutiva, y el proceso de resolución, responsabilidad del Pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC). Se quería evitar a toda costa que los comisionados participaran en la investigación para asegurar su objetividad al momento de resolver los asuntos. Este fue un asunto largamente discutido, probablemente pueda seguirse analizando, y quizá requiere cambios; lo cierto es que marcaba una pauta de conducta bien clara para la actuación de la Comisión. La nueva iniciativa modifica radicalmente esta situación y establece que el Secretario Ejecutivo (quien cumple funciones equivalentes a las de un fiscal) debe integrar el expediente bajo la supervisión de un comisionado. Es decir que, al momento que el Pleno de la Comisión resuelva, por ejemplo, si una empresa ha incurrido o no en prácticas monopólicas, al menos uno de los comisionados habrá participado en la investigación y por ello su voto tendrá necesariamente un sesgo y, peor aún, un interés en el resultado. En otras palabras, la reforma va exactamente en sentido contrario a las reformas de 2011 que los mismos legisladores aprobaron y celebraron.

Las reformas establecen otros cambios a la estructura orgánica y el funcionamiento de la Comisión, que podrían parecer menores si no implicaran en el fondo un debilitamiento de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva en favor del pleno. La pregunta es ¿por qué tendría el Congreso que ocuparse de estas cuestiones de naturaleza orgánica cuando, al mismo tiempo, ha omitido cumplir con su obligación de expedir las normas procesales en materia de juicio ordinario administrativo, que permitirían un mecanismo de control judicial efectivo sobre la actuación de la Comisión? ¿Cuáles son las razones detrás de este radical cambio al modelo de procedimiento que tanto trabajo costó construir?

No existen elementos que permitan responder a estas preguntas, y por ello no queda sino especular que detrás de este albazo legislativo están intereses que buscan interferir en la actuación de la Comisión. Sin duda la CFC es un órgano cuya acción implica afectar algunos de los más poderosos intereses del país. En la mesa del Pleno de este órgano están por resolverse en las próximas semanas asuntos que inciden en los intereses de las televisoras, las empresas de telecomunicaciones y otras industrias de presencia dominante en el mercado. ¿Conviene a esta altura introducir cambios tan profundos, sin previa discusión, sin involucrar a las autoridades y otros actores relevantes, y dejar un mensaje que necesariamente tiene un tinte de intimidación? ¿Conviene que el Congreso sea usado como ariete contra una las instituciones que mayores presiones tiene en su actuación? Ojalá los legisladores nos den una respuesta que convenza, no un silencio que asusta.

Profesor investigador del CIDE