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Ricardo Raphael

El nuevo desafío de la profesora

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública p

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23 de abril de 2012

Tanto que presumen distancia y en realidad son la misma cosa: la disidencia magisterial rechazó primero la evaluación docente y ahora fue públicamente secundada por la líder vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo. Para la próxima valdrá la pena tomar nota: CNTE y SNTE forman parte de un mismo movimiento, una es su cara extrema y la otra el supuesto liderazgo negociador, pero en realidad son dos eslabones de la misma cadena y cada uno se hace notar cuando mejor conviene a los intereses de la profesora.

El viernes pasado la cúpula del SNTE instruyó y luego legitimó su decisión para que el magisterio nacional se declare en rebeldía con respecto al proceso de evaluación universal que, apenas el año pasado, pactaron Gordillo y el presidente Felipe Calderón.

Se trata sin ambigüedades de un desafío al gobierno federal, un desplante que ocurre en pleno proceso electoral y que de un lado pretende mostrar la distancia existente entre Gordillo y Calderón y, del otro, hace un guiño de ojo a los agremiados del sindicato para que se acerquen al Panal.

Ya lo advirtió Gabriel Quadri, el flamante vocero de la profesora: la evaluación se quiere utilizar como argumento de campaña; la falsedad de tal declaración, sin embargo, tiene su origen en que es la propia Elba Esther, y su socio Quadri, quienes traen en la cabeza ese propósito. El “no” a la evaluación les sirve para atraer los votos de los maestros engañados, a quienes se les ha mentido diciendo que este proceso podría ser usado para quitarles su plaza de trabajo.

Se trata de un embuste mayor porque en el acuerdo que establecieron el año pasado el gobierno y el SNTE se estipuló que la evaluación universal solo serviría como indicador para mejorar los planes de formación de las y los maestros. En otras palabras, quedó descartado que tal prueba fuese a tener repercusiones laborales para el magisterio.

Hay, sin embargo, un argumento lanzado el viernes pasado por Gordillo que valdría la pena tomar en consideración: dice ella que no existen condiciones de certidumbre para que tal evaluación se conduzca con criterios de neutralidad e imparcialidad.

Mientras ella y el Presidente no cumplan su compromiso para otorgarle autonomía técnica, presupuestal y de gestión al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), México no contará con una instancia protegida frente a la manipulación político-electoral. Vale la pena repetir aquí las palabras que la profesora pronunció el 16 de mayo del año pasado: el INEE “no puede estar politizado ni siquiera por nosotros; tanto la representación del SNTE como de la SEP debe ser mínima”.

Es importante precisar que el objeto principal del INEE debe ser la mejora del logro educativo y no la evaluación en sí misma; ésta es un instrumento para atender lo primero. Y como variable a medir a propósito de este tema, junto con el desempeño de los alumnos, está principalmente el desempeño docente. Si el INEE no sirve para evaluar a las y los maestros, poco útil se vuelve para otros menesteres.

Sería también conveniente que este Instituto evalúe las condiciones físicas en las que se encuentran las escuelas, los materiales didácticos, programas de estudio, el desempeño de las autoridades educativas, en fin, todas aquellas variables que, en efecto, influyen en la mejora del resultado académico.

Tengo para mí que la autonomía del INEE debe ser la respuesta que el jefe del Ejecutivo le propine al desafío lanzado por la líder magisterial. Si ella se opone a la evaluación, la receta para confrontar tal rebeldía es más evaluación. Ahora bien, de poco servirá que el INEE sea técnicamente impecable en sus evaluaciones si éstas no influyen en la profesionalización de las y los docentes. Llegó el momento de derogar el decreto de 1946, el cual todavía permite a la cúpula del SNTE manipular las plazas de los profesores a partir de criterios que nada tienen que ver con los derechos laborales, mucho menos con la educación que se imparte dentro de las aulas.

Bien haría el Presidente de la República si aprovecha la coyuntura para sustituir tal decreto por otro que haga compatible la evaluación celebrada por el INEE con la confección de un sistema profesional de carrera capaz de otorgarle certidumbre en el empleo y dignidad profesional a todas y todos los docentes de México.

Frente al desafío lanzado por la líder magisterial cabe también que el Presidente se desentienda de su responsabilidad. Éste, sin duda, es el peor de los escenarios deseables.

 

Analista político



Editorial EL UNIVERSAL Preservar la ley sin violarla


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